El Ejecutivo se prepara para presentar un proyecto de ley que eliminaría la prórroga de la emergencia en discapacidad, mientras intensifica la presión sobre los partidos aliados para que ausenten su voto en la sesión del 9 de septiembre, convocada por la oposición en la Cámara de Diputados.
El proyecto, que se espera sea entregado al Congreso el próximo lunes, plantea que la emergencia declarada en 2022 para atender a los 1,5 millones de personas con discapacidad en el país finalice el 31 de diciembre de 2026, sin posibilidad de nuevas extensiones. La medida busca “restaurar la normalidad presupuestaria” y reorientar los recursos hacia programas de inclusión a largo plazo.
Alejandro Vilches, secretario de la Subsecretaría de Discapacidad, encabezó la reunión con los diputados el miércoles en el edificio de la Secretaría de la Presidencia. Durante el encuentro, el funcionario evitó responder a preguntas sobre los criterios de priorización de los beneficiarios y la falta de datos actualizados del Registro Nacional de Discapacidad.
Los partidos aliados del Gobierno, como el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, han manifestado reservas sobre la eliminación de la emergencia, argumentando que la falta de una normativa clara podría dejar sin cobertura a miles de usuarios que dependen de los subsidios temporales. Sin embargo, el presidente Gabriel Boric ha reiterado que “la emergencia ya no es la solución” y ha instado a los socios a “respetar la decisión estratégica”.
La oposición, liderada por la bancada del Frente Amplio y la Unión Demócrata Independiente, ha anunciado que convocará una sesión extraordinaria el 9 de septiembre para debatir la posible prórroga de la emergencia. En esa fecha, los legisladores críticos esperan contar con la presencia de la mayoría para aprobar una extensión de seis meses.
El Gobierno, por su parte, ha comunicado que movilizará a los diputados de la bancada del Partido Comunista y a los independientes que apoyan la agenda de inclusión para que se ausenten de la sala, lo que reduciría el quórum necesario para la votación. Analistas políticos advierten que la estrategia podría generar una fractura interna en la coalición y afectar la aprobación de otras reformas prioritarias.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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