Una denuncia presentada ante la justicia penal económica acusa a varias empresas pesqueras de extraer ilegalmente recursos marinos argentinos desde la zona de las Islas Malvinas, bajo licencias emitidas por el Reino Unido, lo que reaviva la disputa soberana y pone en jaque la regulación del Atlántico Sur.
El 10 de septiembre de 2026 la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del Ministerio de Economía de la Nación radicó una denuncia contra cuatro compañías —Pesquera Austral S.A., Oceanic Harvest Ltd., Southern Sea Foods y Marine Harvest Argentina— por presunto contrabando de especies marinas dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina, que se extiende 200 millas náuticas desde la costa continental.
Las empresas alegan operar bajo licencias británicas otorgadas por la Autoridad de Pesca de las Islas Malvinas (Falkland Islands Fisheries Licence 2024‑07), que autoriza la captura de merluza sur, calamar y el codeno (Patagonian toothfish) en aguas que el Reino Unido considera su jurisdicción, pero que Argentina reclama como parte de su soberanía.
Según los documentos aportados por la denuncia, entre enero y junio de 2026 se descargaron aproximadamente 12.000 toneladas de captura, con un valor estimado de 250 millones de dólares, que fueron transferidas a buques de bandera uruguaya en la bahía de Río de la Plata y posteriormente exportadas a mercados de la Unión Europea sin pasar por la aduana argentina.
El fiscal a cargo del caso, Juan Carlos Méndez, señaló que la conducta podría constituir delito de contrabando, extracción ilícita de recursos naturales y violación de sanciones internacionales, y advirtió que los responsables podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión y multas que superen los 500 millones de pesos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido respondió que las licencias emitidas por la administración de las Islas Malvinas son plenamente válidas dentro de su territorio y que cualquier disputa sobre la jurisdicción marítima debe resolverse mediante canales diplomáticos bilaterales, descartando la intervención de organismos multilaterales.
El caso llega en un momento de intensas negociaciones en el Foro de Cooperación del Atlántico Sur, donde Argentina ha pedido la revisión de los acuerdos de pesca y la inclusión de mecanismos de inspección conjunta para evitar futuras infracciones.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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