Docentes universitarios de todo el país se preparan para detener sus actividades entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, en una medida de presión que precede a la marcha federal del 15 de octubre, convocada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). El paro, que podría extenderse a 72 horas, busca forzar al Gobierno nacional a responder a reclamos de salarios, financiación y autonomía institucional.
La CONADU anunció el miércoles 30 de septiembre como fecha de inicio del paro, estableciendo una duración mínima de 48 horas y la posibilidad de ampliarse a 72, según la decisión de los consejos de cada universidad. La medida fue aprobada en la asamblea de docentes celebrada el 25 de septiembre en la Universidad Nacional de Córdoba, donde participaron representantes de 18 instituciones.
Entre los líderes que encabezarán la acción se encuentran Jorge Gutiérrez, presidente de la CONADU, y María Elena Fernández, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ambos han señalado que la paralización buscará evidenciar el deterioro de la calidad académica y la precariedad laboral que afecta a más de 120 000 docentes universitarios.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, manifestó su disposición al diálogo pero advirtió que una interrupción prolongada de clases podría afectar la continuidad del semestre académico. El ministro, Sergio Almirón, indicó que el Ejecutivo está revisando un paquete de medidas económicas que incluiría ajustes salariales y un plan de inversión en infraestructura universitaria.
Las universidades que se han sumado al paro incluyen la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Tucumán. En cada campus se instalarán comités de coordinación para garantizar la seguridad de estudiantes y personal, y se ha pedido a los estudiantes que continúen sus actividades de forma autodidacta.
El paro docente se enmarca dentro de una serie de movilizaciones que comenzaron en marzo de 2024, cuando los docentes exigieron la aplicación del ajuste salarial acordado en 2022. Desde entonces, se han registrado huelgas parciales y protestas en más de 30 ciudades, con la participación de sindicatos de trabajadores universitarios y organizaciones estudiantiles.
Con la marcha federal programada para el 15 de octubre, la CONADU espera que la combinación de paro y manifestación genere la presión necesaria para que el Congreso apruebe una ley de financiamiento estable para la educación superior. La convocatoria ha sido respaldada por la Federación Universitaria del Interior (FUI) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTE), que han anunciado su presencia en la capital federal.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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