La justicia boliviana confirmó el traslado de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente argentino Javier Milei, al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde cumplirá seis meses de prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito.
El Tribunal de Sentencia Penal de La Paz emitió la resolución el 28 de agosto de 2026, ordenando el cambio de centro carcelario tras la solicitud del Ministerio Público boliviano. La medida se tomó luego de que la defensa de Cerimedo impugnara la ubicación previa en una cárcel de menor régimen, argumentando riesgos de fuga y presiones externas. El juez a cargo, el magistrado Luis Alvarado, señaló que la gravedad de los cargos justifica la reclusión en un establecimiento de máxima seguridad.
Fernando Cerimedo, de 45 años, se desempeñó como consultor político del gobierno de Javier Milei entre 2023 y 2024, asesorando en campañas electorales y estrategias de comunicación. En febrero de 2025, la Fiscalía boliviana abrió una investigación contra él por presunto enriquecimiento ilícito, al detectar transferencias de fondos superiores a 2 millones de dólares a cuentas vinculadas a su nombre. Los investigadores sostienen que los recursos provienen de contratos adjudicados a empresas vinculadas a funcionarios argentinos.
El caso ha generado una fuerte respuesta diplomática. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina emitió un comunicado el 30 de agosto, solicitando “garantías de debido proceso” y el respeto a los derechos humanos de Cerimedo. Por su parte, el presidente Milei calificó la medida como “un intento de politizar la justicia” y prometió apoyo legal a su exasesor.
El penal de Chonchocoro, inaugurado en 2019, alberga a los reclusos más peligrosos del país y cuenta con un régimen de aislamiento, vigilancia electrónica y un personal de seguridad de alta especialización. Cerimedo será ingresado en la unidad de máxima seguridad, donde se le aplicarán restricciones de visita y comunicación, conforme a la normativa boliviana para casos de prisión preventiva.
Analistas de derecho internacional advierten que el traslado podría afectar las relaciones bilaterales entre Bolivia y Argentina, especialmente si se presentan recursos de amparo ante la Corte Suprema de Bolivia. La defensa de Cerimedo ha anunciado su intención de apelar la decisión, argumentando que la medida vulnera el principio de proporcionalidad. La resolución definitiva se espera para finales de septiembre, cuando el tribunal evalúe los argumentos presentados por ambas partes.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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