Patricia Bullbright, liderando la bancada de La Libertad Avanza, volvió a poner en jaque la reforma del régimen de biocombustibles al conseguir el voto decisivo del libertario Agustín Coto. El dictamen, presentado en la noche del 2 de septiembre en la Cámara de Diputados, complica la esperada reducción del corte a las pymes que la ministra Bullrich había prometido.
El proyecto de ley, que busca flexibilizar la normativa del Decreto 124/2010, permitiría la incorporación de etanol de segunda generación y la ampliación de los incentivos tributarios para productores de biodiesel. La iniciativa, impulsada por la exministra de Seguridad, se presentó en la sala de los Pasillos del Congreso, donde obtuvo las firmas necesarias para ser turnada a la comisión de Industria.
La bancada de La Libertad Avanza logró reunir ocho firmas entre sus filas, pero quedó a un voto de alcanzar la mayoría requerida. Fue la intervención de Agustín Coto, diputado libertario de la provincia de Río Negro, quien firmó el dictamen a las 22:45, sellando el paso del texto a la siguiente fase legislativa.
El llamado “súper‑RIGI” de Bullrich, una reforma previa sobre la regulación de los residuos industriales, había generado una fuerte resistencia dentro del bloque de la coalición opositora. Ahora, la “rebelión de los aliados” se extiende a la esfera de los biocombustibles, con Juntos por el Cambio y el Frente de Todos mostrando divergencias sobre los impactos económicos para las pequeñas y medianas empresas.
Los gremios de pymes del sector agroindustrial, representados por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CPME), advierten que la ampliación de los incentivos podría beneficiar a grandes productores y dejar a los pequeños sin acceso a los subsidios. La presidenta de la CPME, María González, señaló que la medida “pone en riesgo la competitividad de cientos de empresas que dependen del etanol local”.
En respuesta, Bullrich argumentó que la flexibilización del marco regulatorio es esencial para impulsar la transición energética y reducir la dependencia del petróleo importado. En su intervención, citó datos del Ministerio de Energía que indican que el sector de biocombustibles aportó $1.200 millones al PIB nacional en 2023, con una proyección de crecimiento del 15 % para 2025.
El debate se trasladó a la comisión de Industria el 5 de septiembre, donde los diputados de la coalición oficialista exigieron la inclusión de cláusulas de protección para las pymes. El presidente de la comisión, Eduardo Fernández (Frente de Todos), propuso un anexo que establezca un cupo mínimo de producción para empresas con menos de 50 empleados.
Mientras tanto, la prensa especializada señala que la aprobación del dictamen podría retrasar la medida de “baja del corte a las pymes” que Bullrich había prometido en su agenda de reforma productiva. La medida, prevista para entrar en vigor en diciembre, buscaba limitar el consumo de biocombustibles a gran escala y favorecer a los pequeños productores.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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