Patricia Bullrich tuvo que cancelar la sesión del Senado prevista para el jueves 10 de septiembre, tras no lograr el respaldo necesario de los bloques aliados para la polémica reforma a la ley de biocombustibles, que había generado la oposición de la mayoría de las pymes del país.
El martes 9 de septiembre, Bullrich, presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA), anunció que la votación del proyecto de reforma, que pretende elevar el porcentaje de mezcla de bioetanol en la gasolina del 10 % al 15 % y reducir el subsidio a los combustibles fósiles, no contaba con el consenso requerido entre los senadores de la Cámara Alta.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, el 72 % de las pymes agroindustriales encuestadas en julio manifestaron que la medida provocaría un aumento del costo de producción de entre 4 % y 7 %, lo que dificultaría su competitividad en los mercados internos y de exportación.
El proyecto, presentado por el Ministerio de Energía el 15 de junio, también incluye la eliminación de la exención del impuesto a los biocombustibles para los productores menores a 50 000 litros mensuales, una disposición que fue fuertemente rechazada por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APyME) en su reunión de la semana pasada en Córdoba.
En la sesión del miércoles, los senadores del bloque Frente de Todos y del PRO expresaron su rechazo a la reforma, argumentando que la medida no contempla un plan de transición ni un acompañamiento financiero para las pymes que tendrían que adaptar sus equipos a los nuevos estándares de mezcla.
El periodista Letra P, que cubrió la reunión, informó que varios legisladores de la coalición de centro-derecha, incluidos los diputados de la Unión Cívica Radical, solicitaron la postergación del debate hasta contar con un informe técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre el impacto ambiental y económico.
Con la suspensión de la sesión, la fecha de la votación queda indefinida, mientras que la presión de los gremios empresariales y los sindicatos de trabajadores del sector energético se intensifica, exigiendo una revisión integral del proyecto que contemple incentivos fiscales y líneas de crédito para la adaptación de la industria.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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