La crisis de morosidad que afecta a más de 6 millones de argentinos obligó al oficialismo a abandonar su postura inicial y aceptar la propuesta opositora, marcando un giro inesperado en la agenda económica del Congreso.
Desde marzo de 2024, la bancada opositora encabezada por la diputada Patricia Bullrich había insistido en que la creciente mora de los créditos de consumo y vivienda era una amenaza estructural para la estabilidad financiera del país.
Los datos del Banco Central revelan que, en el último trimestre, la morosidad alcanzó el 23 % del total de créditos, lo que equivale a aproximadamente 12 mil millones de pesos en deudas impagables, cifra que supera en un 45 % los niveles registrados en el mismo periodo del año anterior.
Ante la presión de los sectores sociales y los sindicatos, el presidente Alberto Fernández anunció el 25 de abril de 2024 un decreto de emergencia que pretendía congelar los intereses, pero la medida resultó insuficiente y generó una fuerte resistencia dentro del propio oficialismo.
El 3 de junio de 2024 se aprobó en el Congreso la Ley 27.562, impulsada por la oposición, que establece un programa de reestructuración de deudas, plazos de pago ampliados y la creación de un registro de morosidad para evitar la exclusión financiera.
Este acuerdo legislativo provocó una caída del 4 % en la popularidad del oficialismo en las encuestas de Poliarquía, mientras que la oposición registró un aumento de 5 puntos, consolidando su posición como fuerza dominante en la discusión económica.
En las calles de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, miles de familias se congregaron frente a los edificios de los bancos, exigiendo la aplicación inmediata de la nueva normativa y el acceso a planes de alivio financiero.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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