
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita local, una medida impulsada por el sector empresarial y la oposición de centroderecha. La decisión, que se dio sin el voto del peronismo y con la izquierda en contra, marca un cambio estructural en la gestión de los conflictos laborales del país.
El proyecto de ley fue presentado por el diputado del PRO, Juan José Gómez, y contó con el respaldo de La Libertad Avanza, representada por la diputada Victoria Villarruel, y del bloque larretista encabezado por Luis Brandoni. En la votación, 150 legisladores votaron a favor, 45 en contra y 20 se abstuvieron, reflejando la ausencia del bloque peronista, que decidió no participar.
El traslado implica que la Ciudad de Buenos Aires asumirá la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo (JNT) en todos los asuntos laborales que antes correspondían al ámbito federal. La normativa establece que los tribunales locales deberán aplicar el mismo cuerpo legal, pero bajo la administración de la Secretaría de Justicia de la Ciudad.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Ciudad, María Eugenia Vidal, declaró que la medida “fortalecerá la eficiencia judicial y permitirá una respuesta más rápida a los reclamos de los trabajadores y empleadores”. Por su parte, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, señaló que la transferencia requerirá una coordinación estrecha entre ambas jurisdicciones para evitar vacíos legales.
El sector empresarial celebró la iniciativa como una “oportunidad para desregular el sistema laboral”. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) organizó una rueda de prensa en la que su presidente, Juan Carlos Rousselot, afirmó que la nueva jurisdicción “reduirá los tiempos de resolución y mejorará la seguridad jurídica”.
Sin embargo, la izquierda, representada por la diputada del Frente de Todos, Victoria Donda, votó en contra, advirtiendo que el traspaso “puede debilitar los derechos laborales y concentrar el poder judicial en una esfera política”. Los partidos peronistas, liderados por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, optaron por la abstención, argumentando que la reforma requiere un debate más amplio a nivel nacional.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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