El nuevo código electoral de Santa Fe, sancionado en junio de 2026, elimina a la Corte Suprema de Justicia como autoridad electoral, trasladando esa competencia al Tribunal Electoral Provincial. La reforma, impulsada por el gobernador Omar Perotti y aprobada por la Legislatura provincial, entrará en vigor en los comicios de 2029, redefiniendo la arquitectura institucional del voto en la provincia.
El proyecto de reforma, presentado el 12 de febrero de 2026 por la oficina del gobernador, proponía la creación de un Tribunal Electoral Provincial autónomo, integrado por tres jueces designados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia, con ratificación del Poder Ejecutivo. La iniciativa buscaba “garantizar la separación de funciones y evitar la sobrecarga de la Corte Suprema”, según explicó el asesor jurídico provincial, Diego Fernández.
Durante el debate legislativo, que se extendió del 3 al 20 de abril de 2026 en la Legislatura de Santa Fe, la oposición del Frente de Todos cuestionó la independencia del nuevo tribunal, aduciendo que la designación de sus miembros por el poder político podría vulnerar la imparcialidad del proceso electoral. Sin embargo, la mayoría del bloque de la coalición gobernante, liderada por el senador provincial María Eugenia Gómez, aprobó la reforma con 45 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones.
Con la sanción del Código Electoral el 28 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia perdió la facultad de supervisar los comicios provinciales, una atribución que había mantenido desde la reforma constitucional de 1994. El presidente de la Corte, el magistrado Carlos R. Álvarez, emitió un comunicado el 30 de junio señalando que “la Corte continuará velando por la constitucionalidad de la normativa electoral, pero no ejercerá funciones operativas de gestión electoral”.
El Tribunal Electoral Provincial iniciará sus actividades en enero de 2027, tras la designación oficial de sus miembros y la instalación de su sede en el edificio del Poder Judicial de la capital. Su primera prueba será la organización de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) previstas para el 15 de octubre de 2027, un calendario que permite al nuevo organismo afinar sus procedimientos antes de los comicios generales de 2029.
Expertos en derecho electoral, como la académica de la Universidad Nacional del Litoral, Ana María Ledesma, advierten que la reforma “puede mejorar la eficiencia y la especialización en la gestión electoral, siempre que se garantice la transparencia en la designación de sus miembros”. La observación internacional de la OEA y la Unión Interparlamentaria ya ha solicitado una evaluación del nuevo marco antes de los comicios de 2029 para asegurar el cumplimiento de los estándares democráticos.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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