45 días después de que la nueva política de privatización vial de Javier Milei entrara en vigor, la concesionaria Corresur ya acumula cientos de denuncias por el abrupto aumento de peajes y la instalación de nuevas cabinas en la Riccheri, la Ruta 3 y la RN 226, mientras que las obras prometidas siguen sin iniciarse.
El 1 de julio de 2024 el consorcio Corresur, formado por Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose, tomó oficialmente la gestión de los tramos de Acceso Sur (50 km de la autopista Riccheri‑Ezeiza), Sur (870 km de la RN 3) y Atlántico (404 km de la RN 226 entre Mar del Plata y Bolívar). El contrato, de 20 años, autoriza el cobro de peajes pero contempla únicamente obras menores de ampliación y señalización.
En los primeros 45 días, el Registro Nacional de Reclamaciones recibió 284 denuncias contra Corresur, la mayoría relacionadas con incrementos de tarifas que superan el 30 % respecto a los valores vigentes antes de la privatización. Los usuarios de la Riccheri‑Ezeiza reportaron que, en menos de una semana, el peaje pasó de ARS 180 a ARS 250, generando protestas en los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional.
La Ruta 3, que atraviesa la zona sur del Gran Buenos Aires y conecta con ciudades como La Plata y Mar del Plata, vio la instalación de tres nuevas cabinas de cobro en los kilómetros 120, 210 y 340. Cada una incrementó la tarifa en ARS 120, lo que ha afectado a transportistas y viajeros habituales, que ahora calculan un gasto adicional de más de ARS 360 por trayecto.
En la RN 226, la apertura de una cabina en el kilómetro 85, cerca de la localidad de Lobería, provocó la queja de agricultores locales que dependen de la ruta para el escoje de sus productos. Según la Cámara de Productores Agropecuarios de la Provincia, el nuevo peaje eleva el costo de transporte en un 18 %, impactando la competitividad de la región.
El contrato incluye la obligación de ejecutar al menos 150 km de obras de mejora durante los primeros cinco años, pero a la fecha Corresur no ha presentado informes de avance. La Secretaría de Transporte de la Nación indicó que, de los 150 km comprometidos, solo se han concluido 12 km de señalización luminosa en la RN 3, un cumplimiento que los críticos califican de “insuficiente”.
Organizaciones de consumidores, como la Asociación de Usuarios de la Vía (AUV), han solicitado la intervención del Ministerio de Obras Públicas para revisar los términos del contrato y aplicar sanciones por incumplimiento. En una reunión del 15 de agosto, el ministro de Transporte, Guillermo Ferreyra, prometió una auditoría independiente que evaluará tanto los aumentos tarifarios como el estado de las obras pendientes.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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