El 27 de mayo de 2020, Ricardo Barreda, el odontólogo que en 1992 asesinó a su esposa, hijos y suegra, falleció en un geriátrico de José C. Paz durante la primera ola de la COVID‑19. La ausencia de velorio y cortejo reflejó tanto su condición de recluso enfermo como la restricción de contactos impuesta por la pandemia, reavivando el debate sobre la atención a internos de edad avanzada.
El 23 de febrero de 1992, Barreda ejecutó a su esposa Graciela Rossi, a sus tres hijos y a la madre de ella en la vivienda familiar de San Fernando, un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y que le valió la condena a cadena perpetua en 1995. Tras cumplir 15 años de pena, la Ley de Beneficio de la Segunda Oportunidad y la certificación de buen comportamiento le permitieron la libertad condicional el 30 de abril de 2007.
Sin embargo, la libertad fue breve: en diciembre de 2010 Barreda fue detenido nuevamente tras agredir a un guardia del penal de Ezeiza, lo que motivó su reingreso a la cárcel y su posterior traslado al Área de Reclusos de Edad Avanzada, donde se le asignó una celda con acceso a cuidados médicos básicos.
En 2018 el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSS) diagnosticó a Barreda con enfermedad de Alzheimer y, al mismo tiempo, se detectaron complicaciones prostáticas que requerían tratamiento continuo. La llegada de la pandemia de COVID‑19 en marzo de 2020 restringió las visitas familiares y limitó la disponibilidad de personal sanitario en el geriátrico donde era internado.
El 25 de mayo de 2020, Barreda falleció por causas naturales vinculadas a sus problemas de próstata y al avance del Alzheimer, según el certificado de defunción emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Un vehículo negro azabache de la cochería Siciliano lo trasladó al cementerio municipal de José C. Paz, donde su tumba quedó marcada con la inscripción “Arrepentido de mis pecados cometidos”.
La falta de ceremonia y la ausencia de familiares en el sitio de reposo generaron una mezcla de silencio y críticas en la comunidad local; algunos vecinos recordaron el temor que la familia de la víctima vivió durante el juicio, mientras que activistas penitenciarios aprovecharon el caso para denunciar la escasa atención médica a internos ancianos, especialmente en contextos de emergencia sanitaria.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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