Virginia Montero, exinterventora de OSPRERA, declaró ante el juez Sebastián Casanello que la contratación de una firma informática vinculada a un exsocio de Martín Menem fue una medida de emergencia para solventar la grave crisis tecnológica que dejó la muerte de Gerónimo Venegas. La audiencia, celebrada el 17 de junio de 2026 en la sede judicial de la Ciudad de Buenos Aires, reaviva el escrutinio sobre la gestión de la obra social y sus posibles nexos con la política.
En la comparecencia, Montero sostuvo que la decisión de adjudicar el contrato a la empresa “Tecno‑Data S.A.” se tomó en marzo de 2023, cuando OSPRERA experimentaba fallas críticas en sus sistemas de registro de afiliados y en la plataforma de atención médica, provocando demoras de hasta 48 horas en la autorización de prestaciones.
El juzgado de la Capital, bajo la presidencia del magistrado Casanello, solicitó al testigo que precisara la relación entre Tecno‑Data y el exsocio de Martín Menem, el empresario Alejandro López, quien había participado en la compra de la empresa de seguros “Seguros Patria” en 2019. Montero afirmó que la única referencia a López era su condición de accionista mayoritario en la firma proveedora.
Documentos presentados por la Fiscalía indican que el contrato, valorado en ARS 12,5 millones, incluía cláusulas de mantenimiento y actualización de software, con plazos de ejecución de 18 meses. Según la interventoría, la obra social no había contado con un presupuesto informático desde la renuncia de su director de Tecnologías en 2022.
El fallecimiento de Gerónimo Venegas, exgerente de OSPRERA, el 9 de abril 2025, desencadenó una reestructuración interna que dejó vacantes clave y una “crisis organizativa” que, según Montero, obligó a buscar soluciones externas rápidamente para evitar el colapso del servicio a los afiliados.
Organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación de Defensa del Consumidor (ADESCO), han pedido al tribunal que investigue posibles conflictos de interés y la transparencia del proceso de licitación. La defensa de Montero, sin embargo, insiste en que la contratación se realizó bajo los principios de urgencia y necesidad, sin recibir ningún beneficio económico personal.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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