La Corte Suprema de la Nación reabrió la causa contra cuatro exfuncionarios judiciales que, según la denuncia presentada en 2022, facilitaron la apropiación del menor Manuel Gonçalves Granada durante la última dictadura (1976‑1983). El fallo, emitido en junio de 2024, reaviva una investigación que había quedado estancada durante casi una década y reabre la puerta a la justicia para víctimas de los robos de bebés.
El fallo se produjo tras la presentación de un recurso de amparo interpuesto por Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que argumentaron la existencia de pruebas nuevas sobre la intervención de los jueces en la adopción irregular de Gonçalves Granada. La Corte, con la mayoría de sus magistrados, consideró que la causa no había sido debidamente agotada y ordenó su reactivación.
Los cuatro exfuncionarios judiciales señalados son el exjuez federal Jorge Martínez, el exmagistrado de la Corte de Apelaciones Alejandro Cárdenas, y los exfiscales José Luis Sosa y Ricardo Paredes. Todos ellos ejercieron cargos en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires entre 1978 y 1982, período en el que se intensificaron los casos de apropiación de menores.
Manuel Gonçalves Granada, quien hoy ocupa el cargo de secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, nació en 1979 bajo el nombre de Juan Carlos González, hijo de los desaparecidos María González y Roberto Granada. Fue entregado a una familia vinculada a la junta militar, según los archivos desclasificados de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
La investigación, que será trasladada al Juzgado Federal N.º 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá analizar los expedientes judiciales de la época, los testimonios de testigos clave y los documentos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DIE). El juez a cargo, la magistrada Laura Fernández, informó que se espera la comparecencia de los acusados en los próximos meses.
El reactivado proceso se inserta en un contexto de creciente presión social para esclarecer los crímenes de la dictadura. En los últimos años, la Corte Suprema ha revivido otras causas emblemáticas, como la de los “niños robados” de la familia Perón y la de los desaparecidos del caso “Los Desaparecidos de la Patagonia”.
Organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión, señalando que representa un paso importante para la reparación integral de las víctimas. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia Zubizarreta, declaró que la reapertura de la causa “restaura la dignidad de quienes fueron privados de su identidad y refuerza la garantía de que la justicia no se detendrá”.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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