El Ejecutivo, mediante la Resolución N° 1/2026, ha citado a los miembros del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para decidir el próximo ajuste del salario mínimo y las prestaciones por desempleo, en un contexto de inflación superior al 12 % y presión de los sindicatos.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial el jueves 20 de junio de 2026 y establece que la reunión del consejo se llevará a cabo el 5 de julio en la sede del Ministerio de Trabajo, ubicada en la Av. Corrientes 1234, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo está integrado por la ministra del Trabajo, Carla Fernández, el presidente del Banco Central, Roberto Salinas, el representante de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), José Martínez, y los delegados sindicales de la Unión del Personal de la Educación (UPE) y la Central de Trabajadores (CT). Cada uno tiene voto decisivo para aprobar la nueva escala salarial.
El salario mínimo vigente desde enero de 2025 es de 85 000 pesos, cifra que, según el INDEC, perdió un 9 % de su poder adquisitivo en los últimos doce meses. Los analistas del Banco Nación proyectan que la actualización debería rondar los 95 000 a 100 000 pesos para evitar una mayor brecha de ingresos.
Contexto económico y social
El último informe del Ministerio de Economía indica que la inflación acumulada en 2025 alcanzó el 12,4 %, mientras que el crecimiento del PIB se mantuvo en un modesto 1,2 % anual. Estas cifras han intensificado la demanda de los gremios por un ajuste más amplio que incluya también la revalorización de las prestaciones por desempleo.
Los sindicatos, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), han anunciado una movilización nacional el 10 de julio, exigiendo que el nuevo haber mínimo supere los 105 000 pesos y que se establezca un índice de actualización automático cada seis meses.
Por su parte, la Cámara de Industria y Comercio (CIC) advierte que un aumento superior al 15 % podría encarecer los costos laborales y afectar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, que representan el 68 % del empleo formal en el país.
El presidente del Consejo, Roberto Salinas, señaló que la decisión se tomará “basada en datos macroeconómicos y en el equilibrio entre la protección del trabajador y la sostenibilidad empresarial”, y que el documento final será publicado en el Boletín Oficial antes del 15 de julio.
En caso de que el nuevo salario mínimo sea aprobado, los empleadores tendrán un plazo de 30 días para ajustar la nómina, según lo dispuesto por la Resolución N° 1/2026, mientras que las prestaciones por desempleo se revisarán en una segunda fase a finales de septiembre.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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