El anuncio de la licitación del ferrocarril Belgrano Cargas ha encendido la pugna entre los gigantes de la agroindustria y la minería, que ven en la concesión de 50 años una oportunidad para reducir costos logísticos y reforzar sus exportaciones. La medida del Gobierno, impulsada a fin de acelerar la privatización, coloca a la línea de 4.000 km bajo el foco de los principales actores económicos del país.
El llamado oficial a licitación se publicó el 12 de agosto de 2026 en el Boletín Oficial, estableciendo una ventana de presentación de ofertas hasta el 30 de septiembre. La convocatoria, liderada por el Ministerio de Transporte, especificó que la concesión incluiría la modernización de la infraestructura de trocha angosta y la gestión de los puertos de Rosario y Bahía Blanca, puntos críticos para la salida de granos.
En respuesta, el consorcio agroindustrial formado por AGD, ACA, Bunge, Viterra, Dreyfus y Cargill presentó su intención de adquirir la línea el 18 de agosto. “Este proyecto es esencial para la competitividad de la agroindustria; nos permitirá bajar los costos de transporte en un 15 % y garantizar la trazabilidad de nuestros productos”, afirmó Marcelo López, presidente de AGD, durante la rueda de prensa en la sede de la Cámara Argentina de Cereales.
Por su parte, Grupo México, que también ha manifestado su interés, envió una carta al Ministerio el 20 de agosto indicando que “la gestión integral de la cadena logística, desde la extracción hasta la exportación, es una prioridad estratégica para el desarrollo del sector minero”. El director de la empresa, José Antonio Fernández, destacó que la línea conecta con la red de ferrocarril del NOA, facilitando el movimiento de minerales hacia puertos del Atlántico.
Los analistas de la consultora Deloitte, citados el 22 de agosto, calcularon que la modernización de la vía podría incrementar la capacidad de carga de 30 Mt a 45 Mt anuales, lo que representaría un ingreso adicional de aproximadamente 2.300 millones de dólares al sector exportador. Además, subrayaron que la inversión estimada para la rehabilitación de puentes y señalización supera los 1.200 millones de pesos.
Mientras tanto, representantes de los sindicatos ferroviarios, encabezados por el secretario general de la Unión del Personal Ferroviario (UPF), Gustavo Ramírez, advirtieron que “la privatización debe acompañarse de garantías laborales y de mantenimiento de la red para evitar la degradación del servicio”. La posición sindical será parte del debate en la mesa de negociaciones prevista para el 5 de octubre en la sede del Ministerio.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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