El gobierno de Colombia intensificó esta semana sus operativos migratorios, enfocándose en la expulsión de extranjeros sin documentación o vinculados a delitos. La medida, anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, afecta principalmente a la comunidad venezolana, que constituye el 90 % de los migrantes irregulares en el país. La acción se inscribe en una tendencia regional de endurecimiento migratorio impulsada por fuerzas ultraderechistas.
El presidente Abelardo de la Espriella, en una rueda de prensa en Bogotá el 31 de julio de 2026, declaró que la “seguridad nacional” exige “acciones contundentes” contra quienes ingresan sin papeles o cometen delitos. Señaló que la Policía Nacional y Migración Colombia iniciarán, a partir del lunes 5 de agosto, una serie de operativos coordinados en los principales puntos de entrada y en ciudades con alta concentración de migrantes.
Los operativos se desplegarán en ciudades fronterizas como Cúcuta, Riohacha y Maicao, así como en centros urbanos como Medellín y Bogotá. Según el director de Migración Colombia, Juan Carlos Rodríguez, se esperan detener a cerca de 3 500 personas en la primera fase y procesar sus casos de manera expedita, con la meta de deportar a los que no tengan vínculo laboral o familiar legal.
Datos del Ministerio del Interior revelan que en 2025 se registraron 12 874 detenciones de migrantes irregulares y 5 200 deportaciones, cifras que la administración actual busca duplicar. El gobierno justifica la medida alegando un aumento del 18 % en la incidencia de delitos menores atribuidos a extranjeros sin documentación, según un informe policial de junio de 2026.
La comunidad venezolana, que supera los 2,3 millones de residentes en Colombia según el último censo, ha reaccionado con protestas en varias ciudades. Organizaciones como la Comisión Colombiana de Derechos Humanos (CCDH) y la ACNUR han denunciado que los operativos violan principios de protección internacional y piden la suspensión inmediata de las expulsiones masivas.
En respuesta, el ministro de Defensa, Carlos Martínez, aseguró que “no se trata de una campaña contra los venezolanos, sino de una política de orden y legalidad”. Sin embargo, expertos en migración de la Universidad Nacional de Colombia advierten que la medida podría agravar la vulnerabilidad de cientos de miles de personas, incrementando el riesgo de trabajo informal y de explotación.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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