Dos meses después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la costa norte de Venezuela, el saldo oficial supera los 6.500 fallecidos. El último informe del gobierno, presentado este lunes, registra 71 muertes más en la última semana, lo que eleva la cifra total a 6.509. La tragedia ha dejado a cientos de comunidades sin servicios básicos y una infraestructura colapsada.
Los terremotos ocurrieron el 12 y 13 de junio de 2026, con epicentros ubicados frente a la costa de Vargas y el estrecho de Cabudare, provocando fuertes temblores que se extendieron hasta los estados de Miranda, Aragua y Carabobo. Las réplicas, de hasta magnitud 5,2, continuaron durante las primeras 48 horas, dificultando las labores de rescate y evaluación de daños.
El Ministerio del Poder Popular para la Defensa informó que, hasta la fecha, se han movilizado 12.400 militares y 3.800 voluntarios de la Cruz Roja Venezolana para la búsqueda de sobrevivientes y la distribución de alimentos. Las brigadas de ingenieros civiles han reconstruido 1.250 puentes y restablecido el suministro eléctrico en 78% de los barrios afectados.
En la zona de Maiquetía, el Hospital General del Sur recibió a más de 2.300 pacientes, de los cuales 1.180 fueron ingresados en unidades de cuidados intensivos. El presidente Nicolás Maduro declaró estado de emergencia sanitaria y aprobó un paquete de ayuda de 850 millones de bolívares para la reconstrucción de viviendas y la rehabilitación de escuelas.
Organizaciones internacionales, entre ellas la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y la Cruz Roja Internacional, enviaron 45 toneladas de suministros médicos y alimentos, además de desplegar equipos de respuesta rápida en los puertos de La Guaira y Puerto Cabello. La ONU también anunció una donación de 12 millones de dólares para financiar la reconstrucción de infraestructura sanitaria.
Las autoridades locales reportan que, a 60 días del desastre, 42 municipios aún carecen de agua potable y 27 siguen sin acceso a redes de saneamiento. El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que la población desplazada podría ascender a 150.000 personas, lo que plantea un reto adicional para los programas de vivienda temporal y asistencia social.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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