El gasto público primario cayó 2,3% en el primer semestre apuntalado por el recorte a provincias

Un informe privado de la consultora Analytica detalló que el ajuste en infraestructura y transferencias discrecionales sostuvo la tendencia a la baja, pese a una suba puntual en junio.

El Ministerio de Economía consolidó el ancla fiscal durante la primera mitad del año en su estrategia de estabilización macroeconómica. El gasto público primario de la administración nacional acumuló una reducción real del 2,3% en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. La contracción del gasto estatal se sostuvo como el pilar central del programa oficial, logrando compensar un incremento estacional detectado durante el último mes de junio, que interrumpió de forma transitoria la tendencia contractiva del ordenamiento fiscal.

De acuerdo con los indicadores consolidados por la consultora económica Analytica, la dinámica de las erogaciones oficiales durante los primeros seis meses mostró un sesgo selectivo en la asignación de las partidas presupuestarias. El Poder Ejecutivo concentró el grueso de la poda sobre el financiamiento directo a las administraciones provinciales y la parálisis de los proyectos de infraestructura federal. Este esquema de contención le permitió al Palacio de Hacienda absorber incrementos puntuales en los subsidios energéticos derivados de la estacionalidad invernal y el esquema de tarifas.

La rigidez en las cuentas públicas coincide con una etapa de transición donde las variables de actividad interna comienzan a mostrar signos de estabilización, aunque persisten demoras en la recomposición de los ingresos reales de la población. Desde la conducción económica ratificaron que la disciplina fiscal se mantendrá inalterable durante el resto del ejercicio anual, descartando cualquier tipo de flexibilización presupuestaria vinculada a las necesidades políticas del oficialismo de cara a los próximos turnos electorales que reconfigurarán el mapa político.

El desplome de las transferencias federales y el freno a la obra pública

La ingeniería del ajuste fiscal durante el primer semestre se apalancó fundamentalmente en dos rubros de alto impacto político y territorial. El informe técnico determinó que las transferencias discrecionales orientadas a las provincias lideraron la contracción de las partidas con una caída real acumulada del 62,1% en los primeros seis meses. Este recorte limitó de manera severa el margen de maniobra de los gobernadores, obligando a las administraciones del interior a reestructurar sus propios presupuestos y a discontinuar programas locales.

En idéntico sentido, la inversión real directa destinada a la infraestructura pública profundizó su tendencia a la baja con una retracción semestral del 32,4% en términos reales. La parálisis en este sector se agudizó de manera drástica durante el mes de junio, período que registró un desplome del 74,9% interanual en las obras de ingeniería civil y construcciones viales. La decisión de congelar las transferencias de capital impactó de forma directa sobre los niveles de empleo del sector de la construcción, ralentizando la actividad en las economías regionales.

Como contrapartida a estas reducciones, las partidas asociadas a los subsidios económicos globales mostraron un comportamiento dispar, registrando un incremento real acumulado del 29,6% en el semestre. Esta expansión estuvo motorizada de forma exclusiva por las compensaciones destinadas al sector energético, las cuales se elevaron un 73,7% en términos reales debido a las transferencias hacia el operador del mercado eléctricoista y la necesidad de cubrir los costos de importación de combustibles durante los meses de mayor demanda residencial.

El comportamiento de la seguridad social y el nivel de la deuda flotante

Las partidas de gasto destinadas a la contención social y las prestaciones previsionales exhibieron variaciones mínimas durante la primera mitad del año, funcionando como un estabilizador del gasto primario. Los giros destinados al pago de jubilaciones y pensiones del sistema integrado registraron una leve suba real del 1,3% en el acumulado semestral. Este comportamiento refleja la aplicación de la fórmula de movilidad que indexa los haberes por inflación, lo que permitió detener la pérdida de poder adquisitivo del sector pasivo.

Por su parte, los recursos asignados a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al conjunto de las asignaciones familiares mantuvieron una estabilidad casi absoluta con relación a los niveles observados en el ejercicio anterior, evidenciando un incremento marginal del 0,3% en términos reales. Los analistas del sector privado señalan que este congelamiento de las partidas asistenciales en términos reales funcionó como un mecanismo de compensación para mitigar el desvío provocado por los subsidios a la energía en las planillas del Tesoro Nacional.

El reporte de la consultora Analytica incorporó además un seguimiento sobre la evolución de la deuda flotante de la administración central, indicador que mide los compromisos de pago asumidos por el Estado que aún no fueron cancelados efectivamente. Al cierre del primer semestre del año, este stock de obligaciones pendientes acumuló un total de 3,9 billones de pesos, una cifra que representa el 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). La contención de este pasivo de corto plazo resulta clave para evitar distorsiones en la cadena de proveedores estatales.

El Palacio de Hacienda descarta una expansión del gasto con miras a 2027

La evolución de las cuentas públicas generó pronunciamientos por parte del equipo conducido por el ministro Luis Caputo respecto a la sostenibilidad del rumbo económico. El viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció de forma pública que los beneficios del ordenamiento macroeconómico y la drástica reducción de los índices de inflación aún no se perciben de manera homogénea en los diferentes estratos de la sociedad civil. El funcionario atribuyó esta demora a los tiempos lógicos de maduración que requieren los programas de estabilización.

"Mucha gente todavía no lo siente, mucha gente todavía no percibe, no recibe los beneficios, pero está todo cuajando para que se empiece a sentir de manera más intensa", afirmó el viceministro durante una entrevista televisiva. Daza remarcó que el principal vector para consolidar la recuperación de la actividad económica interna y el poder de compra de los salarios será la progresiva expansión del crédito privado y el incentivo a las inversiones de largo plazo, en lugar de recurrir al estímulo artificial mediante la emisión de moneda.

Consultado sobre la estrategia fiscal y las proyecciones presupuestarias ante el horizonte electoral de las elecciones presidenciales de 2027, el segundo de la cartera económica descartó de plano la implementación de políticas de expansión del gasto público para incentivar el consumo interno. El funcionario sostuvo que el objetivo de la administración federal consiste en alcanzar la instancia electoral con un superávit fiscal consolidado, equilibrio en el sector externo, fortalecimiento de las reservas del Banco Central y un sistema financiero saneado.

Para asegurar el financiamiento de los programas de asistencia técnica y obras estratégicas remanentes, el gobierno nacional mantiene negociaciones avanzadas con organismos multilaterales de crédito. El viceministro confirmó la tramitación de una nueva línea de asistencia financiera por un monto de 1.100 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), recursos que permitirán dotar de mayor previsibilidad a la balanza de pagos y reducir los niveles de vulnerabilidad ante eventuales perturbaciones en los mercados financieros internacionales.

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De acuerdo con información difundida por: La Capital