La justicia bonaerense detuvo a dos profesionales que captaban inversores en el oeste del conurbano bajo la promesa de retornos extraordinarios en moneda extranjera.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Ituzaingó, en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desarticuló una organización delictiva que operaba bajo un esquema de estafa piramidal en la zona oeste del conurbano bonaerense. La investigación penal preparatoria determinó que la banda estaba liderada por dos abogados matriculados, quienes lograron recaudar una cifra cercana al millón de dólares mediante la captación ilegal de ahorros. Hasta el momento, las autoridades judiciales consiguieron documentar de manera formal el perjuicio económico de al menos cinco damnificados directos, aunque se presume la existencia de decenas de víctimas adicionales.
El modus operandi de la organización combinaba el prestigio profesional de sus cabecillas con técnicas de ingeniería financiera apócrifa para atraer a pequeños y medianos ahorristas de la región. Los imputados utilizaban sus estudios jurídicos como fachada legal para ofrecer contratos de inversión que garantizaban tasas de interés mensuales en dólares muy superiores a las del mercado bancario formal. El circuito de pagos se sostuvo mientras ingresaron nuevos aportantes al sistema, pero la estructura colapsó cuando se interrumpieron las suscripciones y los directivos cortaron el diálogo con los clientes.
La pesquisa judicial se aceleró a partir de una serie de denuncias cruzadas presentadas por particulares que no lograban retirar sus capitales ni percibir los dividendos pactados. Los procedimientos de detención y los allanamientos simultáneos en los domicilios particulares y oficinas de los sospechosos permitieron el secuestro de documentación contable, soportes informáticos y teléfonos celulares que resultarán clave para el peritaje técnico de la fiscalía interviniente.
El mecanismo de captación y la fachada del estudio jurídico
La estructura delictiva basaba su efectividad en la confianza que generaba el estatus profesional de los dos abogados detenidos. A diferencia de otras estafas tecnológicas recientes basadas en criptomonedas o aplicaciones móviles de origen difuso, esta organización operaba de forma presencial y mediante la firma de contratos de mutuo acuerdo y pagarés en oficinas comerciales ubicadas en el centro del partido de Ituzaingó. Esta aparente rigurosidad legal funcionaba como el principal anzuelo para personas de sectores de ingresos medios y altos que buscaban proteger sus ahorros frente a la volatilidad cambiaria local.
Los captadores prometían rendimientos fijos que oscilaban entre el 8% y el 12% mensual en dólares, argumentando que los fondos eran destinados al financiamiento de desarrollos inmobiliarios de pozo en la zona oeste y a la supuesta compraventa de carteras de juicios civiles con resoluciones judiciales inminentes. Sin embargo, las auditorías contables preliminares demostraron que el dinero ingresado no se aplicaba a ninguna actividad productiva real ni a fondos de inversión legítimos, sino que se utilizaba de manera exclusiva para abonar los intereses de los inversores más antiguos y para financiar el elevado nivel de vida de los profesionales imputados.
El esquema Ponzi funcionó con regularidad durante aproximadamente catorce meses, un período en el cual los primeros aportantes recibieron sus dividendos de manera puntual, lo que generó un efecto de recomendación de boca en boca que multiplicó el volumen de capital captado. La crisis de la organización comenzó cuando el flujo de nuevos ingresantes disminuyó de forma drástica, lo que impidió cubrir las solicitudes de retiro de capital de los primeros eslabones de la pirámide, desencadenando las primeras advertencias y el posterior tendal de denuncias.
Allanamiento, secuestro de pruebas y el rol de los damnificados
Los operativos ordenados por el juzgado de garantías incluyeron el registro minucioso de tres inmuebles vinculados a la sociedad comercial ilícita. En los despachos de los profesionales, los peritos de la división de Delitos Económicos de la policía bonaerense incautaron libros de actas informales, contratos de mutuo con firmas certificadas, agendas con anotaciones de flujos de dinero en efectivo y cajas de seguridad vacías. El material tecnológico secuestrado quedó bajo la custodia de los expertos informáticos para el análisis de los correos electrónicos y los mensajes de WhatsApp que cruzaban los detenidos con las víctimas.
"Los testimonios de los cinco denunciantes iniciales coinciden de forma exacta en las presiones que ejercían los abogados para que no retiraran el dinero acumulado, ofreciéndoles premios o tasas preferenciales si reinvertían los intereses devengados", señalaron fuentes ligadas al expediente. Uno de los damnificados documentados, un comerciante de la zona que aportó un capital inicial de 150.000 dólares procedentes de la venta de una propiedad, detalló ante el fiscal que los imputados postergaron las devoluciones durante cuatro meses mediante excusas ligadas a supuestas trabas cambiarias del Banco Central.
La fiscalía trabaja en el análisis patrimonial de los detenidos para establecer si existió un desvío de fondos hacia cuentas bancarias en el exterior o la adquisición de bienes registrables a nombre de testaferros o sociedades fantasma creadas recientemente. La tipificación penal inicial que enfrentan los profesionales incluye los delitos de estafa reiterada en concurso real con asociación ilícita y ejercicio ilegal de la actividad financiera, figuras que prevén penas de cumplimiento efectivo en prisión.
Antecedentes de fraudes financieros en el conurbano y el marco legal
El caso de Ituzaingó se suma a una secuencia de fraudes bajo la modalidad de estafa piramidal que afectaron a diversas localidades del conurbano bonaerense y del interior del país en el último bienio. Las características del hecho guardan correlación con investigaciones previas donde la vulnerabilidad financiera de los ahorristas y la búsqueda de opciones de inversión de alta rentabilidad en moneda extranjera son explotadas por organizaciones que simulan solvencia institucional o profesional para cometer delitos económicos a gran escala.
Especialistas en derecho penal económico advierten que la proliferación de estos esquemas se ve favorecida por la falta de controles exhaustivos sobre las sociedades civiles y comerciales de menor envergadura que realizan intermediación financiera sin la autorización correspondiente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Las autoridades judiciales reiteraron la recomendación de verificar la inscripción legal de las entidades antes de realizar colocaciones de capital y desconfiar de cualquier propuesta que asegure rentabilidades fijas extraordinarias en dólares fuera de los circuitos regulados.
Se espera que en las próximas jornadas se presenten nuevas denuncias en la sede judicial de Ituzaingó, a medida que la detención de los abogados adquiera trascendencia pública y los damnificados que se encontraban en situación de espera adviertan que no podrán recuperar sus patrimonios por las vías administrativas privadas. Los defensores oficiales de los acusados solicitaron las excarcelaciones extraordinarias argumentando arraigo y la falta de antecedentes penales, pedidos que fueron rechazados de manera preliminar por la fiscalía ante el elevado riesgo de fuga derivado del monto millonario del fraude bajo investigación.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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