
Conflicto en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones por el documental sobre Palestina
El gremio docente repudió la investigación iniciada por el rector Franco Bartolacci tras el reclamo del Gobierno nacional por la proyección de la película en Humanidades.
La proyección del documental La Gran Palestina en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) desencadenó una profunda crisis institucional. El sindicato de docentes e investigadores de la casa de estudios, Coad, rechazó con dureza la decisión del Rectorado de iniciar sumarios y posibles acciones legales contra los organizadores del evento. La conducción gremial calificó la medida como un acto de amedrentamiento alineado con las exigencias del Poder Ejecutivo nacional.
El conflicto escaló a nivel nacional tras las críticas públicas del presidente Javier Milei y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes acusaron a la institución de albergar actividades vinculadas a la propaganda de organizaciones extremistas. La respuesta del rector Franco Bartolacci, despegando a la universidad del evento y prometiendo sanciones, terminó por romper la paz interna con el estamento docente, que se declaró en estado de alerta para defender la autonomía.
La polémica se centra en las características del material audiovisual exhibido y el encuadre institucional de las cátedras universitarias. Mientras el Gobierno y las autoridades de la UNR objetan la falta de autorizaciones administrativas y la supuesta cooperación del movimiento Hamas en la producción de la pieza cinematográfica, el gremio y los organizadores sostienen que el debate forma parte del libre ejercicio de la docencia y el análisis geopolítico.
La intimación del Gobierno nacional y la reacción del Rectorado
El foco de la controversia comenzó a partir de una carta formal remitida por Alejandro Álvarez al despacho de Bartolacci, en la cual exigió medidas administrativas punitivas para evitar la repetición de lo que consideró un accionar repudiable. La presión del Ministerio de Capital Humano se incrementó exponencialmente cuando el propio presidente Milei utilizó sus canales oficiales de comunicación para catalogar el episodio como una "aberración" y sugirió que la universidad fomentaba el terrorismo internacional.
Ante el impacto público y la amenaza latente sobre las transferencias presupuestarias hacia las universidades nacionales, Franco Bartolacci emitió una respuesta formal para aclarar la postura de la institución. El rector aseguró de forma tajante que la proyección no contaba con el aval ni la autorización oficial de la UNR y anticipó la apertura inmediata de una investigación penal y administrativa para delimitar las responsabilidades de los organizadores.
La decisión de la conducción universitaria buscó neutralizar el flanco de conflicto con la Casa Rosada, pero abrió una grieta interna con los sectores académicos de la Facultad de Humanidades y Artes. Los directivos de los centros de estudiantes y diversas corrientes del claustro docente cuestionaron la celeridad del rector para responder a las exigencias de la administración central antes de consultar con los organismos de cogobierno de la propia universidad local.
El rechazo sindical a la persecución ideológica en los claustros
La respuesta de Coad llegó a través de un documento donde se ratificó el rechazo absoluto a cualquier tipo de sanción disciplinaria sobre el personal involucrado. La representación sindical manifestó que no tolerará la instauración de mecanismos punitivos que funcionen como una "policía del pensamiento" dentro de la universidad pública. El texto subraya la necesidad de preservar el pluralismo democrático frente a las presiones políticas.
"Consideramos intolerables las acciones de censura y amedrentamiento que pretenden sancionar a compañeros por realizar una actividad de difusión sobre la realidad del pueblo palestino", expresaron desde el sindicato docente. La conducción gremial ratificó su respaldo explícito a los integrantes de la cátedra libre "Said-Fanon. Acercamientos a la sociedad del sur global", espacio académico que coordinó la polémica jornada de debate en el edificio de calle Entre Ríos.
El gremio argumentó que el compromiso con los derechos humanos y la denuncia de los conflictos globales forma parte de las obligaciones éticas de la educación superior, por lo cual los docentes no requieren de una autorización oficial por parte del Rectorado para habilitar discusiones teóricas en las aulas. Asimismo, anunciaron que recurrirán a medidas de fuerza y asambleas permanentes en caso de que avance cualquier expediente sancionatorio.
Los detalles técnicos del documental y el debate académico interno
La pieza audiovisual causó el quiebre institucional es La Gran Palestina, un largometraje dirigido por el cineasta mexicano Rafael Rangel. De acuerdo con las especificaciones del programa, el documental ofrece una mirada sobre las consecuencias del conflicto bélico en la Franja de Gaza desde la perspectiva de la población civil afectada. La controversia surge a raíz de los créditos de producción de la película, donde consta la colaboración logística y de registro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).
La actividad se concretó en el aula 3 de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, y no se limitó a la mera exhibición de la cinta, sino que incluyó un panel de discusión integrado por académicos de reconocida trayectoria local. Entre los expositores estuvieron Silvana Rabinovich, licenciada en filosofía graduada en la UNR, y Federico Donner, profesor titular de la cátedra de Historia de la Filosofía Contemporánea de la misma casa de estudios.
Los organizadores defienden el carácter científico de la jornada y afirman que el análisis de producciones audiovisuales, incluso aquellas con sesgos ideológicos o procedencias complejas, constituye un ejercicio habitual de las ciencias sociales para entender los fenómenos políticos del sur global. Para el gremio Coad, criminalizar este tipo de dinámicas lesiona de manera directa el principio constitucional de la libertad de cátedra que rige en el sistema universitario argentino desde la Reforma Universaria.
De acuerdo con información difundida por: La Capital

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