El Tribunal Oral Federal 4 dictó la sentencia por coimas y administración fraudulenta en la ampliación de gasoductos de 2004, imponiendo además inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a la pena de cinco años de prisión al encontrarlos culpables de cohecho pasivo (cobro de sobornos) y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La resolución judicial, dictada este lunes en los tribunales federales de Retiro, incluye la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo aborda el desvío de fondos y los retornos ilegales instrumentados durante la construcción y ampliación de los gasoductos Norte y Sur en el año 2004.
La sentencia dictada por los magistrados Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Íñiguez pone fin a un proceso judicial que se extendió durante más de dos décadas y que constituyó el primer gran escándalo de corrupción denunciado durante la presidencia de Néstor Kirchner. De los 30 imputados que llegaron a la instancia final del debate oral y público que se había iniciado en 2024, el tribunal decidió absolver a 17 de los acusados, mientras que aplicó penas de prisión efectiva y de ejecución condicional para exfuncionarios y directivos de la constructora de origen sueco implicada en las maniobras.
El veredicto del TOF 4 alcanza también a la cúpula de la filial local de la multinacional escandinava. El tribunal impuso una pena de cuatro años de prisión para Mario Piantoni, quien se desempeñaba como el máximo responsable de la compañía Skanska en la región; Gustavo Vago, expresidente de la firma en la Argentina; y Javier Azcárate, exgerente comercial de la constructora. Por su parte, otros exdirectivos de menor rango, entre los que se encuentran Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba, recibieron condenas de tres años de prisión en suspenso.
El origen del desvío de fondos mediante facturación apócrifa
La investigación penal preparatoria acreditó que la sucursal argentina de la constructora sueca Skanska pagó sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para asegurarse la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos correspondientes al sistema de transporte de gas. Para materializar los pagos ilegales sin levantar sospechas en las auditorías internas ni en los controles fiscales del Estado, los directivos de la constructora diseñaron un complejo andamiaje financiero y contable sostenido por la utilización de facturación falsa.
De acuerdo con el expediente judicial, la empresa apeló a los servicios de más de 20 firmas fantasma de origen local. Estas sociedades inexistentes emitían facturas por servicios de consultoría, logística o provisión de insumos que jamás se prestaron en la realidad operativa de las obras. El dinero que Skanska transfería formalmente a las cuentas bancarias de estas empresas simuladas era retirado inmediatamente en efectivo por intermediarios financieros para ser entregado en concepto de retornos a las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas que comandaba José López.
El volumen de los sobreprecios aplicados a las tarifas de las obras civiles y de ingeniería en los gasoductos Norte y Sur sirvió como base para calcular el perjuicio fiscal total contra el patrimonio estatal. Las pericias contables realizadas por los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaron que los costos declarados por la constructora superaban de manera holgada los valores promedio de mercado de la época, una diferencia que los investigadores asociaron de forma directa con el financiamiento de los retornos exigidos desde la cúpula del Ministerio de Planificación.
La prueba clave que destrabó la investigación judicial
A lo largo de los casi veinte años que demandó la instrucción de la causa, el proceso penal atravesó diversas etapas de parálisis y nulidades que amenazaron con la prescripción de los delitos de corrupción bajo análisis. Sin embargo, la validez probatoria de una grabación interna obtenida de las propias oficinas de la constructora Skanska se constituyó en la pieza fundamental para reactivar el expediente y sustentar el requerimiento de elevación a juicio de los exfuncionarios públicos nacionales.
Se trata de un registro sonoro de carácter informal realizado por un auditor interno de la multinacional sueca durante una entrevista con el exgerente comercial de la firma, Javier Azcárate. En ese registro, el directivo de la compañía admitía de manera explícita que la corporación había tenido que pagar comisiones indebidas a intermediarios gubernamentales y a funcionarios públicos para no quedar excluida de los pliegos de licitación de los gasoductos, reconociendo el funcionamiento del circuito de empresas fantasma prestadoras de facturas apócrifas.
"Hay un negocio de 100 millones de dólares que nos da el Gobierno... y a cambio de eso nos piden un peaje", señalaban pasajes de la transcripción de la cinta grabada que la Justicia Federal validó definitivamente como prueba de cargo tras sucesivas apelaciones de las defensas. Este audio, que en los inicios de la instrucción había sido desestimado por cuestiones de nulidad procesal, fue finalmente admitido por los tribunales superiores como un elemento de convicción idóneo para demostrar la matriz de cohecho que unía a los directivos privados con los despachos de la administración pública.
El historial judicial de De Vido y las derivaciones de la sentencia
La condena impuesta por el Tribunal Oral Federal 4 se suma al complejo frente judicial que enfrenta el exministro Julio De Vido desde que abandonó la función pública. El exfuncionario nacional cuenta con antecedentes penales firmes por su responsabilidad en el manejo del sistema de transporte ferroviario de pasajeros. En noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme su condena a cuatro años de prisión por el delito de administración fraudulenta en la causa vinculada a la tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012.
Por su parte, José López también arrastra condenas previas por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito, siendo su antecedente más notorio la causa iniciada a partir de su detención en un convento de la localidad de General Rodríguez en junio de 2016, donde intentaba ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares en efectivo. La unificación de las penas pendientes y los plazos de detención efectiva de ambos exfuncionarios serán determinados por el juzgado de ejecución penal correspondiente una vez que el fallo por el caso Skanska adquiera fuerza de cosa juzgada.
La sentencia dictada en los tribunales de Comodoro Py representa un hito técnico para los procesos de corrupción pública en la Argentina, ya que consolida la doctrina judicial respecto de la responsabilidad penal de las corporaciones multinacionales y sus directorios en el pago de coimas. Las defensas de De Vido y López anticiparon que apelarán el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, bajo el argumento de que los plazos razonables de juzgamiento fueron superados holgadamente durante las dos décadas que demandó la resolución de la causa.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.