Condenaron a Edgardo Kueider en Paraguay a dos años de prisión por tentativa de contrabando

El exsenador nacional argentino recibió una pena de ejecución condicional tras intentar ingresar al país vecino con 200 mil dólares en efectivo sin declarar.

La Justicia de Paraguay condenó este lunes al exsenador nacional argentino Edgardo Kueider a la pena de dos años de prisión de ejecución en suspenso, tras hallarlo culpable del delito de tentativa de contrabando de divisas. La resolución fue dictada por un tribunal de sentencia en Asunción, luego de evaluar las pruebas recolectadas desde el arresto del dirigente político entrerriano en la zona fronteriza que une a ambos países.

El fallo judicial alcanzó además a Iara Guinsel, exsecretaria y pareja del exlegislador, quien recibió una condena de un año y diez meses de prisión, bajo la misma modalidad de ejecución condicional. Ambos imputados evitarán cumplir la pena de manera efectiva en un establecimiento penitenciario, pero quedarán sujetos a estrictas reglas de conducta y comparecencia ante las autoridades judiciales paraguayas durante el período que fije la sentencia.

La decisión del tribunal penal de Asunción pone fin a la primera etapa de un proceso que alteró el mapa político de la provincia de Entre Ríos y del Congreso de la Nación Argentina. La condena valida la acusación del Ministerio Público Fiscal paraguayo, que consideró demostrado el dolo en el accionar del exsenador al intentar sortear los controles aduaneros obligatorios con una fuerte suma de dinero en efectivo.

El operativo aduanero en el Puente de la Amistad y el hallazgo de las divisas

El hecho que originó la condena judicial ocurrió durante un control de rutina realizado por agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay en el puesto de control del Puente Internacional de la Amistad. Los funcionarios aduaneros interceptaron el vehículo en el que se trasladaban Kueider y Guinsel, procediendo a una inspección minuciosa del rodado ante las inconsistencias detectadas en la documentación de ingreso al territorio nacional paraguayo.

Durante la requisa del automóvil, el personal de frontera halló ocultos fajos de billetes que totalizaban la suma de 200 mil dólares estadounidenses, junto a una cantidad menor de pesos argentinos y guaraníes. Al ser consultados por los fiscalizadores, ninguno de los dos ocupantes del vehículo pudo exhibir el formulario de declaración jurada de equipaje y divisas que exige la normativa del Mercado Común del Sur (Mercosur) para el transporte de valores superiores a los 10 mil dólares.

"La normativa aduanera paraguaya tipifica de manera taxativa que la omisión de declarar sumas de dinero de esta magnitud configura una maniobra directa orientada a burlar el control fiscal del Estado", explicaron fuentes judiciales ligadas al proceso en Asunción. Los peritajes contables y las actas labradas en el puente fronterizo sirvieron como los elementos probatorios fundamentales para que los magistrados dictaran la sentencia condenatoria contra el exfuncionario argentino.

Las repercusiones políticas en Entre Ríos y el desafuero del exsenador nacional

La detención inicial de Edgardo Kueider en Paraguay provocó un inmediato impacto institucional en la República Argentina, debido a que el dirigente conservaba su banca en la Cámara de Senadores de la Nación por la provincia de Entre Ríos. El escándalo forzó el tratamiento exprés de su desafuero parlamentario, una medida que fue aprobada por unanimidad en el recinto de la Cámara alta para permitir que la justicia del país vecino continuara con las medidas de coacción correspondientes.

Kueider, quien llegó al Congreso de la Nación a través de las listas del peronismo entrerriano bajo la conducción del exgobernador Gustavo Bordet, había tomado distancia de los bloques mayoritarios del justicialismo para conformar una bancada aliada a los sectores provinciales independientes. Su posición monobloquista lo había transformado en un actor clave para la negociación de las leyes estratégicas impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional en el parlamento argentino.

La condena dictada este lunes obtura las posibilidades de un retorno del dirigente a la actividad política formal en el corto plazo, al tiempo que reactiva las investigaciones paralelas en los tribunales federales de la Argentina. La justicia de nuestro país mantiene abiertos expedientes por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, enfocados en determinar el origen de los fondos en moneda extranjera secuestrados en el operativo fronterizo de Paraguay.

El impacto en las normativas contra el lavado de dinero del Mercosur

La resolución del tribunal paraguayo es seguida de cerca por los equipos técnicos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que evalúa periódicamente los sistemas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la región. La condena a un exlegislador extranjero bajo la figura de tentativa de contrabando sienta un precedente jurisprudencial relevante para el control del flujo de efectivo en las fronteras terrestres del conurbano binacional.

Las defensas técnicas de Kueider y Guinsel optaron por no apelar la resolución del tribunal de sentencia, en una estrategia orientada a cerrar el frente judicial en territorio paraguayo y agilizar los trámites de restitución de las pertenencias personales que no formaron parte del decomiso penal. El dinero en efectivo incautado durante el procedimiento aduanero, según estipula la ley de fondo del país vecino, pasará a formar parte de los fondos públicos administrados por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

El cierre de la causa penal en Asunción traslada ahora la centralidad del debate a los tribunales de la provincia de Entre Ríos, donde diversas fuerzas de la oposición provincial reclaman auditorías sobre las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el exsenador durante su paso por la función pública como secretario general de la Gobernación. Los peritos contables locales analizan los vínculos comerciales de las empresas constructoras y de servicios asociadas al entorno familiar del dirigente condenado para establecer si existen inconsistencias con sus ingresos registrados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

---

De acuerdo con información difundida por: LETRA P