Bariloche: la Municipalidad asumirá la gestión integral del alumbrado público

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Bariloche: la Municipalidad asumirá la gestión integral del alumbrado público

El intendente Walter Cortés rescindió el histórico convenio con la Cooperativa de Electricidad Bariloche y el Estado local administrará el servicio.

El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, tomó la decisión política e institucional de estatizar de forma directa la gestión integral del servicio de alumbrado público en la ciudad más poblada de Río Negro. A través de la cancelación del convenio que regía desde 1988, el Municipio le quitó la administración de las luminarias urbanas a la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y asumirá las tareas de mantenimiento, expansión y cobro de la prestación en todo el ejido urbano.

La medida marca un punto de quiebre en la relación histórica entre el Ejecutivo municipal y la conducción de la cooperativa eléctrica, en un contexto de crecientes reclamos vecinales por deficiencias en las luminarias de la vía pública y disputas financieras por los costos operacionales del sistema. Según confirmaron fuentes oficiales de la comuna, la transición se ejecutará de forma paulatina para evitar interrupciones en la prestación básica de las arterias principales de la localidad cordillerana.

El traspaso del servicio implica que el Estado municipal no solo tomará el control de las cuadrillas técnicas e infraestructura de la red, sino que además modificará el esquema de recaudación de las tasas asociadas. La administración de Cortés busca optimizar los recursos públicos y redefinir el esquema tarifario en un momento económico donde los municipios rionegrinos intentan reducir costos operativos y mejorar la eficiencia de los servicios esenciales golpeados por la inflación acumulada.

Los motivos de la rescisión del convenio histórico con la CEB

El acuerdo que vinculaba a la Municipalidad con la Cooperativa de Electricidad Bariloche databa de más de tres décadas y otorgaba a la entidad privada de economía social el monopolio técnico de la instalación, reparación y recambio de tecnología en el tendido del alumbrado barrial. Sin embargo, las auditorías internas encargadas por la actual gestión municipal señalaron inconsistencias presupuestarias y deficiencias crónicas en los tiempos de respuesta ante las roturas.

Desde el entorno del jefe comunal remarcaron que el modelo vigente resultaba costoso e insostenible para las arcas comunales, argumentando que el Municipio abonaba montos significativos a la CEB por el mantenimiento general sin que eso se tradujera en un servicio eficiente en las zonas periféricas de Bariloche. Las autoridades detectaron además amplias zonas de la ciudad a oscuras, situación que incrementaba la sensación de inseguridad en los barrios del Alto y las arterias comerciales del centro.

Asimismo, la relación institucional entre el Palacio Municipal y la conducción de la CEB venía sufriendo un desgaste continuo producto de cruces por las deudas cruzadas. Mientras que la cooperativa reclamaba pagos atesorados por la prestación del servicio durante ejercicios fiscales anteriores, el Gabinete de Cortés exigía una rendición de cuentas pormenorizada de los fondos transferidos y criticaba la falta de inversiones en tecnología de iluminación LED de bajo consumo.

El nuevo esquema operativo municipal y el ahorro presupuestario

La asunción del control operativo del alumbrado público por parte de la Municipalidad requerirá de un despliegue de infraestructura propia que será coordinado a través de las secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas. El plan gubernamental estipula la creación de cuadrillas municipales dedicadas de forma exclusiva al monitoreo y la reparación del tendido eléctrico, apoyadas en el equipamiento pesado que la comuna viene adquiriendo desde el año pasado.

Las proyecciones financieras confeccionadas por la Secretaría de Hacienda local estiman que la estatización del servicio permitirá generar un ahorro superior al 30% en los costos operativos en comparación con las partidas que se giraban mensualmente a la cooperativa. Este margen financiero recuperado será redirigido, según la promesa oficial, hacia la compra directa de luminarias de última generación para recambiar los focos de sodio en los barrios que presentan mayor rezago de infraestructura.

"El objetivo prioritario es que el vecino vea de forma inmediata que la tasa que paga se traduce en una calle iluminada y segura, gestionada con eficiencia directa desde el municipio", indicaron funcionarios del área de Servicios Públicos al detallar el cronograma de absorción del servicio. La comuna habilitará además una línea de atención directa para recepcionar reclamos por luminarias defectuosas, descentralizando el canal de denuncias que antes era controlado por la CEB.

Impacto social, disputas de poder y el reordenamiento de los servicios locales

La decisión de Walter Cortés sacude el tablero político e institucional de San Carlos de Bariloche, donde la Cooperativa de Electricidad Bariloche constituye una de las instituciones más influyentes y de mayor peso empleador en la región andina. La remoción del manejo del alumbrado público representa una pérdida significativa de ingresos estables para la entidad, abriendo un período de incertidumbre respecto de la reorganización de su plantel de trabajadores abocados a ese sector específico.

Por su parte, los sectores comerciales e industriales de la ciudad andina expresaron una cautelosa expectativa ante el cambio de manos de la prestación. La Cámara de Comercio de Bariloche venía reclamando mejoras en la iluminación del centro comercial a cielo abierto y de los corredores turísticos, señalando que la falta de mantenimiento perjudicaba la actividad nocturna y la seguridad de los turistas durante la temporada estival e invernal.

Este reordenamiento de los servicios públicos encarado por la gestión de Cortés se suma a otras medidas de fiscalización sobre contratistas privados impulsadas en el municipio de Río Negro. Con el control total de las redes de alumbrado, la Municipalidad busca sentar un precedente de autonomía fiscal e institucional frente a los prestadores históricos, redefiniendo las reglas de juego para la prestación de los servicios públicos en la patagonia argentina.



De acuerdo con información difundida por: LETRA P

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