Tres hombres fueron procesados judicialmente por su participación en el atentado perpetrado el 22 de febrero contra el complejo deportivo Bella Vista, donde arrojaron artefactos explosivos que provocaron daños materiales significativos.
La justicia rosarina avanzó este jueves en la investigación por el ataque ocurrido en el predio de Newell’s Old Boys durante la madrugada del 22 de febrero. Tres hombres fueron imputados por la fiscal Paula Barros bajo los cargos de intimidación pública agravada por el empleo de explosivos, incendio con peligro común y daños. La audiencia judicial dejó a dos de los acusados en prisión preventiva, mientras que el tercero continuará el proceso en libertad, a pesar de la solicitud de detención presentada por la fiscalía.
La logística del atentado en Bella Vista
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el ataque no fue un evento espontáneo, sino el resultado de un plan criminal meticulosamente coordinado. Según la investigación, las acciones se desarrollaron entre las 00:10 y la 01:30 de la madrugada, involucrando a los tres imputados y a otros individuos que aún permanecen sin identificar.
El despliegue operativo incluyó el uso de dos vehículos, ambos modelos Volkswagen Gol Trend. Manuel S., de 37 años, y Jeremías P., de 25, se trasladaron en un rodado de color rojo, mientras que Nahuel C., de 30 años, lo hizo en uno de color gris junto a más personas. El punto de reunión inicial fue la intersección de las calles 27 de Febrero y Teniente Agneta, lugar donde la fiscalía sostiene que se coordinaron las tareas previas a la ejecución del hecho.
Un detalle que subraya la premeditación del acto es que, durante ese encuentro previo, Manuel S. procedió a cubrir las patentes del vehículo rojo con el objetivo de evitar su identificación por las cámaras de seguridad. Tras este paso, los agresores se dirigieron hacia el complejo deportivo ubicado en Avenida Alberto María Gollan y calle Espinosa, al 7600.
Ejecución, daños y mensaje intimidatorio
Una vez en las inmediaciones del predio Jorge Griffa, el grupo llevó adelante su plan. El Gol rojo se acercó directamente al punto de entrada, mientras que el vehículo gris se mantuvo a una distancia prudencial, cumpliendo, según la hipótesis fiscal, funciones de apoyo, logística, vigilancia y cobertura para garantizar la retirada de los atacantes.
Los agresores descendieron del rodado e ingresaron al predio por el sector lindero a las canchas deportivas. Portando las bombas molotov, arrojaron al menos dos de estos artefactos contra instalaciones y vehículos estacionados dentro del complejo. Como consecuencia directa de la explosión y el posterior foco ígneo, resultó afectado un automóvil Audi A4, además de producirse daños en las instalaciones del edificio principal del predio.
El impacto del ataque no se limitó únicamente al daño material. Junto a los explosivos, los agresores dejaron una bandera con un mensaje explícitamente amenazante, dirigido a los integrantes de la institución deportiva. La fiscal Barros enfatizó que el accionar buscaba “infundir temor público, generar conmoción social e intimidar a una institución deportiva de trascendencia pública”.
Medidas procesales y situación de los acusados
La resolución de la jueza María de los Ángeles Granato tras la audiencia determinó dos tipos de medidas restrictivas. Manuel S. y Nahuel C. quedaron sujetos a prisión preventiva por un plazo de 90 días, al considerarse el riesgo procesal existente y la gravedad de los delitos imputados. Por su parte, Jeremías P. recuperó su libertad, aunque permanecerá vinculado a la causa y deberá cumplir con las restricciones que el tribunal imponga mientras avance la investigación.
Este hecho se suma a una serie de episodios de violencia que han afectado a las instituciones deportivas de la ciudad en los últimos tiempos, donde el uso de métodos intimidatorios como el fuego y los explosivos busca alterar la normal convivencia y generar alarma en el ámbito social y deportivo de Rosario. La fiscalía continúa con las tareas investigativas para dar con los restantes participantes del plan criminal que todavía no han sido identificados por las autoridades.
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