El Senado aprobó el 29 de octubre la reforma parcial de la Ley de Salud Mental, pero un amplio sector de profesionales y usuarios de Rosario la denunció como una vuelta al modelo médico hegemónico. La medida, que permite internaciones involuntarias y la patologización de la ludopatía, generó protestas y una intensa discusión en la comunidad sanitaria de la provincia.
La votación, celebrada el jueves 29 de octubre en la sede del Congreso Nacional, quedó marcada por 42 votos a favor y 21 en contra, consolidando la posición del bloque oficialista. El proyecto original, presentado por el Gobierno el 12 de junio, buscaba incorporar la telemedicina como eje central del tratamiento psiquiátrico, pero sufrió varios recortes antes de la aprobación final.
En Rosario, la Confederación de Psicólogos y Psiquiatras de la Región (CPPR) organizó una rueda de prensa el viernes 30 de octubre, donde la directora Ana Fernández declaró que “la reforma vulnera el enfoque comunitario que tanto se ha impulsado desde la Ley 26.657 de 2010”. Fernández, que lleva 15 años trabajando en el Hospital Provincial de Salud Mental, advirtió que la normativa reforzará la institucionalización de pacientes.
Los especialistas subrayaron que la nueva redacción introduce la figura de “hospitales monovalentes”, equivalentes a antiguos manicomios, y habilita internaciones sin consentimiento del paciente bajo criterios ampliados. Además, la ley clasifica la ludopatía como trastorno mental, lo que, según la psiquiatra María Gómez, “estigmatiza a millones de jugadores sin ofrecer alternativas preventivas ni de acompañamiento social”.
El Dr. Juan Carlos Gómez, Ministro de Salud de la Nación, defendió la reforma diciendo que la telemedicina permitirá atender a zonas rurales con escasez de profesionales. No obstante, la Asociación Rosarina de Salud Mental (ARSM) señaló que la propuesta “descarta la construcción de redes de apoyo comunitario” y pone en riesgo la continuidad de programas de inserción laboral y educativa.
Los usuarios también alzaron su voz: Laura Méndez, integrante de la organización “Voces de la Salud Mental”, relató que su hermano fue internado involuntariamente en 2022 y que la nueva normativa podría replicar esa experiencia sin garantías de revisión judicial. Méndez pidió al Congreso que se restablezca el control de la justicia en los procesos de internación.
Ante la fuerte oposición, la bancada del oficialismo anunció que revisará los artículos críticos en una comisión especial que se reunirá el 15 de noviembre. Mientras tanto, la CPPR y la ARSM programaron una manifestación el 22 de noviembre frente al Congreso, exigiendo la derogación de los puntos que “re‑medicalizan la salud mental” y la restitución del modelo de atención comunitaria consagrado por la ley original.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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