
El jueves 29 de octubre de 2026 la Justicia Federal concedió una medida cautelar que suspende la Resolución 213/2025, impidiendo que el Gobierno elimine dos áreas clave del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y garantizando la continuidad laboral de los empleados bajo sus condiciones actuales.
El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, bajo la firma del magistrado Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, resolvió a favor del amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó el cese inmediato de la ejecución de la norma que pretendía dar de baja la Dirección Técnica de Metrología Legal y la unidad de Certificación de Productos, ambas esenciales para la regulación industrial.
La polémica norma, la Resolución 213/2025, fue firmada en diciembre de 2025 por el director del INTI, Daniel Loiacono, y contemplaba la supresión de los servicios de metrología legal y de certificación, lo que habría significado la pérdida de más de 250 puestos de trabajo y la externalización de funciones críticas que actualmente son realizadas por personal especializado del instituto.
Esta es la segunda cautelar que el mismo juez otorga a ATE en el último año. En mayo de 2026, Portocarrero había detenido la eliminación de más de 600 servicios del INTI, derivados de la Resolución 157/2025, que pretendía recortar la plantilla en un 30 % y transferir la gestión de la metrología a entes privados. Ambas decisiones reflejan la creciente resistencia sindical frente al plan de achique impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El INTI, organismo con sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededor de 1 200 empleados, es el principal responsable de la normativa de calidad, calibración y certificación en la industria nacional. Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, el Ejecutivo ha buscado reducir el gasto público mediante la reestructuración de entidades estatales, y el instituto se ha convertido en uno de los blancos más visibles de esa política.
Guillermo Ríos, secretario general de ATE, declaró que “la medida cautelar es una victoria para los trabajadores y para la seguridad industrial del país; no se puede sacrificar la metrología legal por ahorros de corto plazo”. Por su parte, el Ministerio de Desregulación, a través de un comunicado emitido el mismo día, calificó la decisión como “una interferencia judicial que retrasa una reforma necesaria para la competitividad del sector productivo”.
Con la suspensión de la Resolución 213/2025, los servicios de metrología y certificación continúan operando bajo la dirección de Daniel Loiacono, quien aseguró que el instituto mantendrá sus estándares internacionales mientras se busca una solución consensuada con el gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo ya anunció que presentará un nuevo proyecto de decreto en las próximas semanas, lo que sugiere que el conflicto judicial podría prolongarse y que el futuro del INTI seguirá siendo objeto de debate en los tribunales y en la arena política.
De acuerdo con información difundida por: Gestión Sindical
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