El gobernador interino de Córdoba, Martín Llaryora, desató una fuerte polémica al eliminar la séptima hora de trabajo del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM). La medida, anunciada el 12 de junio de 2024, provocó protestas y una acusación directa a Luis Juez, quien habría influido en la convocatoria del paro. El conflicto pone a prueba la popularidad de Llaryora en medio de una crisis fiscal y una creciente presión sindical.
Martín Llaryora asumió la gobernación interina el 23 de diciembre de 2022, tras la renuncia de Juan Schiaretti, y ha centrado su gestión en la reducción del gasto público. En su último anuncio, el ejecutivo provincial recortó la séptima hora, una bonificación que los empleados municipales percibían desde 2018, argumentando la necesidad de equilibrar el presupuesto que presenta un déficit del 3,2 % del PIB provincial.
El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), que agrupa a más de 7.800 trabajadores de la capital, respondió con una convocatoria de paro general para el 15 de junio. La medida fue respaldada por la mayoría de los delegados sindicales y contó con la presencia de dirigentes como Rubén Daniele, antiguo referente del sindicato, quien recordó la histórica resistencia del gremio frente a recortes anteriores.
En un comunicado difundido el 13 de junio, Llaryora acusó a Luis Juez de “mover los hilos del paro” y de coordinar con líderes opositores para desestabilizar su gobierno. Juez, exgobernador y actual diputado nacional, ha sido crítico con las políticas de austeridad y ha encabezado manifestaciones en la Plaza San Martín durante las últimas semanas.
Los críticos de la medida señalan que la eliminación de la séptima hora afecta a cientos de familias, ya que el ingreso adicional representaba el 12 % del salario promedio de los empleados municipales. Organizaciones de la sociedad civil, como la Cámara de Comercio de Córdoba, han pedido una renegociación del acuerdo salarial para evitar un deterioro del clima laboral.
El Consejo de la Magistratura de la provincia, convocado para el 20 de junio, evaluará la legalidad del decreto que respalda la supresión de la bonificación. Mientras tanto, la administración provincial ha anunciado la apertura de un canal de diálogo con el SUOEM, aunque ha subrayado que cualquier acuerdo deberá respetar los límites del gasto público establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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