La Corte Suprema anuló el 28 de agosto la sentencia que había invalidado el artículo 154 del DNU 70/23, medida que había derogado la Ley de Tierras Rurales. Ante la decisión, la oposición intensificó su agenda legislativa en la Cámara de Diputados y convocó a movilizaciones en varias provincias, mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta una creciente presión social y política.
El DNU 70/23, publicado el 21 de marzo de 2024, introdujo el artículo 154 que suprimió la Ley 27.064 de Tierras Rurales, una normativa clave para la regulación de la propiedad y el uso del suelo agropecuario. La medida buscaba “liberar” más de 1,2 millones de hectáreas para la inversión privada, pero fue calificada por críticos como una vulneración de derechos de pequeños productores.
El 28 de agosto de 2024, la Corte Suprema, integrada por la presidenta María Marta García y los magistrados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, revocó la sentencia de la Cámara Federal que había declarado inconstitucional el artículo 154, argumentando que el decreto vulneraba el principio de igualdad y la protección de la tenencia de la tierra.
Reacción parlamentaria
Tras la revocación, la bancada del Frente de Todos, liderada por la diputada María Eugenia Catalfamo, presentó el proyecto de Ley 27.064/2024 con la urgencia de “restaurar la seguridad jurídica” en el sector agropecuario. El senador Martín Lousteau (UCR) anunció la formación de una comisión bicameral que estudiará la derogación del DNU y la posible incorporación de cláusulas de protección ambiental.
En la Cámara de Diputados, el 2 de septiembre, el interbloc de oposición logró reunir 185 firmas para solicitar la puesta en trámite inmediata del proyecto, superando el quórum necesario para la discusión en la comisión de Agricultura y Ganadería. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, indicó que la iniciativa será turnada a la comisión el 5 de septiembre.
Mientras tanto, el oficialismo, representado por el jefe de Gabinete, Guillermo Ferreyra, defendió la constitucionalidad del DNU y advirtió que “cualquier intento de revocarlo sin consenso generará incertidumbre en los mercados”. El Ministerio de Economía, sin embargo, anunció una revisión de los incentivos fiscales vinculados a la nueva normativa de tierras.
En paralelo, los sectores agrarios y sociales organizaron protestas en la Plaza de Mayo, la Avenida Colón en Córdoba y la Plaza San Martín en Santa Fe el 10 de septiembre. Según la policía, más de 12 000 personas participaron, exigiendo la restitución de la Ley de Tierras y la renuncia de los ministros encargados del DNU.
Los sindicatos de la pequeña agricultura, encabezados por la Confederación de Trabajadores del Campo (CTC), anunciaron una serie de concentraciones itinerantes que se extenderán hasta finales de mes, mientras que organizaciones ecologistas como Greenpeace Argentina demandan la inclusión de mecanismos de conservación en cualquier nueva legislación de tierras.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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