
El martes 20 de octubre de 2026 se iniciaron dos juicios emblemáticos que buscan responsabilizar a militares y a la empresa Mercedes‑Benz por la represión durante la dictadura. En un contexto de creciente negacionismo impulsado por la administración de Javier Milei, los procesos judiciales reavivan la memoria de los 50 años del golpe de 1976.
En la sala 3 del Juzgado Federal N.º 12 de Río Cuarto, la magistrada María José Rojas recibió la denuncia presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos, encabezada por el fiscal Luis García, contra el ex coronel Roberto López y el ex director regional de la compañía automotriz, Carlos Alvarez, por su presunta participación en detenciones ilegales y torturas entre 1976 y 1982.
El expediente indica que, según testimonios de 27 sobrevivientes y los archivos desclasificados del Archivo Nacional de la Memoria, la planta de Mercedes‑Benz de Córdoba suministró vehículos blindados a la 4ª División del Ejército, facilitando la logística de operativos de “desaparecidos” en la zona del Valle de Traslasierra.
El Ministerio Público Fiscal solicitó que se apliquen las normas del Código Penal Argentino sobre delitos de lesa humanidad, que prescinden de la prescripción y obligan a la cadena de mando a responder por actos de terrorismo de Estado, tal como lo estableció la Corte Suprema en el fallo “García vs Estado” de 2005.
El proceso también contempla la comparecencia del ex director de la sucursal de Mercedes‑Benz en Río Cuarto, quien será interrogado el jueves 22 de octubre de 2026 sobre la supuesta entrega de matrículas especiales que ocultaban la identidad de los vehículos usados en operativos clandestinos.
Repercusiones políticas y sociales
El presidente Javier Milei, que asumió el cargo el 10 de diciembre de 2023, ha reiterado su intención de “revisar la narrativa histórica” respecto al terrorismo de Estado, lo que ha generado críticas de organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos‑Desaparecidos (AFDD) y de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
Durante la audiencia inaugural, la abogada de la familia de la desaparecida Ana Pérez, Marta Silva, recordó que su madre fue trasladada en uno de los camiones de la empresa el 13 de junio de 1978, y exigió que la justicia no permita que la impunidad “se convierta en política oficial”.
Los defensores de los derechos humanos anticipan que el veredicto del tribunal, previsto para el 15 de marzo de 2027, sentará un precedente legal para futuros procesos contra empresas multinacionales que colaboraron con la dictadura, marcando un punto de inflexión en la lucha contra el revisionismo histórico.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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