Manuel Adorni, ex vocero presidencial y ex jefe de Gabinete, sigue atrapado en la causa que lo obligó a renunciar en 2022. La reciente medida judicial que ordenó el acceso a sus billeteras virtuales busca esclarecer el origen de más de medio millón de dólares no declarados en su última ratificación patrimonial, pero la justicia aún no ha encontrado pruebas concluyentes.
El 28 de septiembre de 2022, Adorni presentó su renuncia al cargo de vocero del Gobierno nacional tras la filtración de documentos que mostraban la existencia de criptomonedas no registradas en la declaración jurada de bienes. Desde entonces, su caso ha permanecido bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que lo investiga por presunto lavado de activos y falsedad documental.
El pasado 12 de marzo de 2024, la Corte Federal N.º 2 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la presidencia de la jueza María Eugenia Capozzolo, accedió a la solicitud de la defensa de Adorni y ordenó el bloqueo y peritaje de tres billeteras virtuales vinculadas a su nombre. La medida pretende demostrar que el ex funcionario tenía control directo sobre los fondos y, de ser así, rastrear su origen.
Los peritos designados por el tribunal, el Laboratorio de Criptoanálisis de la Universidad de Buenos Aires, iniciaron la extracción de datos el 15 de marzo. Según el informe preliminar, los wallets contenían aproximadamente 540 000 USD en criptomonedas diversas, principalmente Bitcoin y Ethereum, pero la trazabilidad hasta una fuente legítima sigue siendo difusa.
El Ministerio de Economía, a través del subsecretario de Fiscalización, Ricardo Fernández, señaló que la falta de declaración de esos activos constituye una violación grave de la Ley de Ética Pública (Ley 27.275). “Si bien la medida judicial es un paso necesario, la carga de la prueba recae en demostrar la procedencia lícita del dinero”, afirmó Fernández en una rueda de prensa en el Palacio de la Casa Rosada.
Mientras tanto, la defensa de Adorni, encabezada por la abogada Claudia Ponce, insiste en que los fondos provienen de una inversión familiar en una startup de tecnología blockchain establecida en 2020. La defensa presentó, el 22 de marzo, una copia del contrato de inversión y los estados de cuenta de la empresa, pero el juzgado aún no ha aceptado esos documentos como evidencia válida.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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