
El anuncio de Javier Milei de convertir a Argentina en un hub de inteligencia artificial mediante el proyecto RIGI 2.0 ha reavivado la disputa tecnológica entre EE. UU. y China, dos potencias que compiten por liderar la próxima “carrera nuclear” de la era digital, mientras el país sudamericano busca ventajas económicas sin evaluar plenamente los riesgos de seguridad nacional.
El 15 de marzo de 2024, el presidente Milei firmó un convenio con la empresa estadounidense OpenAI para instalar un centro de cómputo de alta capacidad en la zona franca de Buenos Aires, bajo el nombre de RIGI 2.0. La medida, anunciada en una rueda de prensa en el Palacio de la Casa Rosada, prometía atraer 200 millones de dólares de inversión extranjera y generar 3 000 empleos directos en los próximos dos años.
Sin embargo, el mismo día, el Ministerio de Defensa de EE. UU. publicó un informe confidencial que advierte que la proliferación de supercomputadoras en América Latina podría facilitar el acceso de actores estatales y no estatales a modelos de IA capaces de crear armas autónomas, lo que ha encendido las alarmas en Washington.
China, por su parte, lanzó el 28 de junio de 2024 su iniciativa “AI Belt” en la ciudad de Shenzhen, ofreciendo a países como Argentina créditos de infraestructura a cambio de datos y acceso a sus algoritmos de reconocimiento facial. El programa, liderado por la empresa estatal Huawei, incluye la construcción de un centro de datos de 150 petaflops en la provincia de Córdoba.
Expertos locales, como la investigadora de la Universidad de Buenos Aires, María López, señalan que la falta de una legislación nacional sobre IA deja al país vulnerable a la exportación de tecnología militar sin control. López recordó que en 2022 Argentina aprobó una ley de ciberseguridad, pero que ésta no contempla los riesgos emergentes de la IA generativa.
Mientras tanto, el Congreso argentino debatió el 12 de julio de 2024 un proyecto de ley que obligaría a cualquier inversión extranjera en IA a someterse a una revisión de seguridad por parte del Comité de Inteligencia Nacional. Los opositores, liderados por la coalición Frente de Todos, argumentan que la medida podría retrasar la llegada de capitales y frenar la competitividad del país.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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