
Una jueza de Casilda ordenó a la obra social IAPOS cubrir al 100 % el medicamento biológico Certolizumab Pegol (Cimzia) para una afiliada diagnosticada con espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, tras una acción de amparo impulsada por su abogado Nicolás Cattáneo. La medida refuerza el precedente de la Corte Suprema sobre el derecho a la salud como condición esencial de la autonomía personal.
El caso fue presentado por la asistente escolar María González, afiliada a IAPOS, quien padece una enfermedad reumática inicialmente catalogada como artritis seronegativa y, tras estudios recientes, reclasificada como enfermedad de Crohn con espondiloartritis asociada. Su historia clínica incluye tratamientos con metotrexato, adalimumab, etanercept y upadacitinib, todos suspendidos por falta de respuesta o intolerancia oral.
Ante la recomendación de su médica tratante de iniciar Certolizumab Pegol (Cimzia) 200 mg inyectable, la obra social negó la cobertura, argumentando que el fármaco no estaba incluido en su programa y sugiriendo como alternativa el uso de tofacitinib. La negativa obligó a la familia a enviar una carta documento a IAPOS, que estableció un plazo para responder que venció sin que se haya autorizado el suministro.
El abogado Nicolás Cattáneo interpuso una acción de amparo el 5 de octubre de 2026, solicitando que el tribunal ordene a IAPOS proveer el medicamento prescrito sin costo para la afiliada. La demanda se fundamentó en la jurisprudencia de la Corte Suprema que reconoce el derecho a la salud como parte integral de la autonomía personal y la obligación estatal de garantizar su efectivo goce.
La jueza Laura Babaya Loria, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Casilda, resolvió a favor de la amparista el 23 de octubre de 2026, indicando que “el goce del derecho a la salud es imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal”. En su fallo ordenó a IAPOS cubrir la totalidad del costo de Cimzia y garantizar su suministro inmediato.
La decisión genera un precedente relevante para otras obras sociales que enfrentan solicitudes de medicamentos de alto costo no incluidos en sus formularios. Organizaciones de pacientes y defensores de derechos sanitarios ya anunciaron que usarán este fallo para impulsar nuevas demandas y presionar a los entes reguladores a ampliar la cobertura de tratamientos biológicos.
De acuerdo con información difundida por: Poder Judicial
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