El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 condenó al titular de la Jefatura de Gabinete a pagar multas de $100.000 por día, tras constatar el incumplimiento de una orden que obligaba al Estado a financiar la educación superior conforme a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, anunciada el 10 de octubre de 2026, intensifica la presión sobre el Ejecutivo para regularizar los recursos que los centros universitarios reclaman desde hace años.
El juez Martín Cormick, a cargo del proceso iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y respaldado por 18 universidades públicas, dictó la resolución tras verificar que el Ministerio de Educación no había ejecutado la transferencia de los $12.300 millones previstos para el ciclo 2025‑2026. La orden judicial, emitida el 22 de agosto del mismo año, establecía un plazo de 15 días para cumplir con la asignación.
El titular de la Jefatura de Gabinete, Juan Carlos Giordano, recibió la notificación de la multa el 9 de octubre y, según fuentes del gabinete, se encuentra evaluando los recursos legales para apelar la sanción. Hasta la fecha, el Ejecutivo ha justificado el retraso alegando dificultades presupuestarias derivadas del déficit fiscal registrado en el último trimestre.
El CIN, representado por su presidente, el rector de la Universidad Nacional de La Plata, Alejandro Cabrera, sostuvo que la falta de financiamiento compromete la continuidad de programas de investigación y la cobertura de becas para más de 250 000 estudiantes. En su comunicado, el consejo recordó que la Ley 27.234, sancionada en 2022, obliga al Estado a destinar al menos el 2 % del PBI a la educación superior.
El Ministerio de Educación, encabezado por la ministra Silvina Alberti, informó que el desembolso pendiente será regularizado antes del 30 de noviembre, siempre que el Congreso apruebe la reasignación de fondos en la Ley de Presupuesto Nacional 2027. La autoridad también señaló que la medida judicial podría generar un gasto adicional de $3,6 millones mensuales si se mantiene la multa.
Organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora Universitaria, pidieron al Congreso intervenir para evitar que la sanción se convierta en una carga adicional para la economía nacional. En un acto en la Plaza de la República, la dirigente del grupo, Mariana López, recordó que la educación universitaria es un pilar para la competitividad y la inclusión social del país.
Repercusiones políticas
Analistas del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Buenos Aires advierten que la imposición de multas diarias puede desencadenar un debate sobre la separación de poderes y la capacidad del Poder Judicial para ejercer presión sobre el Ejecutivo en materia presupuestaria. El especialista Carlos Mendoza sostuvo que, si bien la medida busca forzar el cumplimiento, también podría generar tensiones institucionales que afecten la agenda legislativa de cara a las elecciones de 2027.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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