
La Corte Suprema de Santa Fe suspendió preventivamente a la jueza de Familia N°7, Sabina Sansarricq, tras comprobar que filtró información confidencial de un litigio de herencia multimillonario a una amiga íntima. La medida, que incluye la reducción del 50 % de sus haberes, ha generado polémica en los Tribunales de Rosario y plantea serias dudas sobre la integridad del poder judicial.
El martes 13 de octubre de 2026 la Sala de Garantías de la Corte Suprema de Santa Fe resolvió la suspensión inmediata de la magistrada, ordenando además la apertura de un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades disciplinarias. La decisión se basó en pruebas recabadas por la Fiscalía de la Nación, que incluyeron más de ochenta intercambios de mensajes entre Sansarricq y la esposa del sobrino del fallecido empresario.
El caso que desencadenó la investigación se remonta al 2 de septiembre de 2026, fecha en la que falleció el empresario Jorge López Mendoza, propietario de una cadena de estaciones de servicio, varios departamentos en Rosario y una colección de autos clásicos. Su viuda, María López Mendoza, presentó una demanda contra su sobrino, Alejandro López Mendoza, acusándolo de intentar apropiarse del patrimonio familiar.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía obtuvo una orden de captura del celular de la esposa de Alejandro, Lucía García, amiga cercana de la jueza Sansarricq. En el dispositivo se hallaron audios, textos y capturas de pantalla donde la magistrada anticipaba decisiones y movimientos del expediente que estaba tramitándose en otro juzgado, facilitando así la defensa del sobrino.
La fiscal Karina Bartocci, a cargo de la causa penal, declaró que la filtración constituye un delito de revelación de secretos judiciales, tipificado en el Código Penal de Santa Fe. Bartocci señaló que la evidencia es contundente y que se procederá a solicitar la detención preventiva de Sansarricq, quien actualmente se encuentra sin funciones judiciales.
El Ministerio Público de la Acusación informó que el proceso penal avanzará con audiencia preliminar el próximo viernes 18 de octubre de 2026, donde se presentarán los cargos formales contra la jueza. Mientras tanto, la comunidad jurídica de Rosario ha manifestado su preocupación, exigiendo mayores controles internos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
De acuerdo con información difundida por: Poder Judicial
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