
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó este lunes un decreto que permite la venta de una zona protegida de la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, a la firma extranjera EcoGlacial S.A. La medida, que autoriza la construcción de 24 ecocabañas y tres circuitos de senderismo, ha desencadenado protestas de organizaciones ambientalistas y críticas de la comunidad científica por poner en riesgo un ecosistema único.
El decreto 487/2026, publicado en el Boletín Oficial el 8 de octubre, otorga a EcoGlacial S.A., una empresa con sede en Barcelona, el derecho de arrendar 45 hectáreas del Área Protegida Península de Magallanes por un período de 30 años, con opción a compra al término del contrato. La empresa presentó un proyecto que incluye 24 ecocabañas de bajo impacto y tres senderos señalizados, prometiendo “turismo responsable” y generación de empleo local.
El proyecto se ubica a apenas 2 kilómetros al sur del glaciar Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, zona que alberga especies endémicas como el guanaco patagónico y una flora frágil adaptada al clima frío. Según el Instituto de Ecología de la Patagonia, la construcción podría alterar patrones de erosión y afectar la calidad del agua que alimenta al lago Argentino.
Organizaciones como Greenpeace Argentina y la Asociación de Defensa del Patrimonio Natural (ADPN) convocaron una marcha el 12 de octubre en El Calafate, donde cientos de ciudadanos exigieron la revocación del decreto. La presidenta de ADPN, Marta López, afirmó que “vender un bien público a intereses foráneos vulnera la soberanía ambiental del país”.
Por su parte, la Oficina de Turismo de Santa Cruz defendió la iniciativa, señalando que el proyecto generará 150 empleos directos y 300 indirectos, y que los ingresos estimados superarían los 12 millones de dólares anuales. El ministro de Turismo provincial, Roberto García, indicó que la inversión extranjera es clave para impulsar la economía local tras la caída del turismo de invierno.
El debate se intensificó en la Cámara de Diputados de la provincia, donde el senador provincial Carlos Mendoza presentó una moción para anular el decreto y solicitar una evaluación de impacto ambiental independiente. Mientras tanto, el Poder Judicial de Santa Cruz recibió varias demandas de grupos ecologistas que buscan suspender la venta mientras se revisan los estudios de impacto.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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