El Ejecutivo de Javier Milei acordó, a partir de hoy, introducir nuevas enmiendas al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo de endurecer las sanciones contra empresas y gobiernos que exploten ilegalmente recursos en las Islas Malvinas. La medida surge tras el revés que sufrió el diputado Martín Menem el lunes 12 de octubre en la Cámara de Diputados, donde no alcanzó los apoyos requeridos para un dictamen unificado.
El presidente Milei, en una rueda de prensa celebrada en la Casa Rosada a las 10:30 hs, anunció que el texto será revisado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores antes de enviarlo nuevamente al Congreso. La revisión incluirá la ampliación de la lista negra de empresas extranjeras y la creación de un fondo de compensación para proyectos argentinos afectados por la actividad ilícita.
Martín Menem, quien lideró la discusión del proyecto en la Comisión de Defensa, explicó que el voto del lunes 12 de octubre resultó en 84 votos a favor, 95 en contra y 12 abstenciones, quedando por debajo del quórum necesario para aprobar el dictamen. La oposición, encabezada por el bloque del Frente de Todos, argumentó que las sanciones propuestas podrían perjudicar inversiones estratégicas en energía y turismo.
El proyecto original, presentado el 5 de septiembre de 2026, buscaba establecer un régimen de sanciones económicas y diplomáticas contra cualquier entidad que realizara actividades de extracción de petróleo o pesca sin autorización argentina en las aguas de las Malvinas. Hasta la fecha, la Comisión de Relaciones Exteriores había recibido 27 denuncias de empresas extranjeras que operaban sin permiso.
En respuesta al fracaso parlamentario, el gobierno ha convocado a una reunión de trabajo para el viernes 23 de octubre con representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, con la intención de consensuar los cambios propuestos. La agenda incluye la incorporación de un mecanismo de vigilancia satelital y la posibilidad de aplicar sanciones penales a ejecutivos de compañías que infrinjan la normativa.
Expertos en derecho internacional, como la profesora Ana Lucía Pérez de la Universidad de Buenos Aires, advirtieron que la ampliación de sanciones debe alinearse con los tratados multilaterales vigentes, especialmente el Acuerdo de París y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para evitar litigios ante la Corte Internacional de Justicia.
El Ejecutivo ha señalado que el texto revisado será presentado al Plenario de la Cámara de Diputados el próximo martes 29 de octubre, con la expectativa de obtener la mayoría necesaria antes de que concluya la sesión legislativa de 2026, prevista para el 31 de diciembre.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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