La quinta Marcha Federal Universitaria, celebrada ayer frente al Congreso, dejó un saldo de decenas de destrozos y la polémica de que ninguno de los encapuchados que protagonizaron los actos violentos ha sido detenido. La protesta, que reunió a estudiantes, docentes y organizaciones sociales, se vio empañada por una fuerte represión policial y la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades.
El jueves 15 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 hs, alrededor de 12 000 manifestantes se concentraron en la Plaza de Mayo y avanzaron hacia el frente del Congreso de la Nación, exigiendo la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2024. Entre los voceros se encontraban la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Laura González, y el dirigente del movimiento estudiantil “Revolución Universitaria”, Martín Pérez.
En respuesta, el Ministerio de Seguridad desplegó a 1 200 efectivos de la Policía Federal Argentina y a una unidad de Gendarmería, equipados con gases lacrimógenos y pistolas de aturdimiento. A las 12:30 hs, los agentes iniciaron la dispersión de la concentración, lo que desencadenó enfrentamientos que culminaron con el uso de balas de goma y la detención de 27 personas, mayormente por desobediencia y porte ilícito de armas blancas.
Durante los disturbios, un grupo de individuos encapuchados, identificados por testigos como “infiltrados”, rompieron vitrinas de la Cámara de Diputados y derribaron el mobiliario del salón de sesiones. Los daños fueron evaluados en 1,3 millones de pesos, según el informe preliminar del Servicio de Evaluación de Bienes del Congreso. A pesar de la magnitud de los actos, la Policía no logró identificar ni detener a ninguno de los encapuchados.
El jefe de la Policía Federal, el coronel Diego Ramírez, declaró en rueda de prensa el viernes 16 de octubre que “las investigaciones están en curso y se está trabajando con cámaras de seguridad para identificar a los responsables”. Sin embargo, la falta de arrestos ha generado críticas de los sectores académicos, que acusan a las fuerzas de seguridad de “encubrimiento” y de no perseguir a los verdaderos agresores.
Por su parte, la ministra de Educación, Sofía López, anunció que el gobierno reforzará la seguridad en los campus universitarios y que se abrirá una comisión bicameral para revisar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La comisión, que se reunirá el próximo lunes 19 de octubre, contará con la participación de representantes estudiantiles y docentes.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos, como la Comisión de Defensa de los Derechos Civiles (CDDC), presentaron una denuncia formal ante el Ministerio de Justicia, exigiendo que se investigue la posible complicidad de las fuerzas de seguridad en los actos de violencia. La CDDC señaló que “la impunidad de los encapuchados socava la confianza ciudadana en las instituciones y alimenta la radicalización de los movimientos sociales”.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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