La Justicia de Rosario obligó a Toyota Argentina a reemplazar un SW4 defectuoso y a pagar 9.000.000 de pesos por daños, reforzando la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en casos de fallas críticas de seguridad.
El Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rosario, con sentencia dictada el 8 de octubre de 2026, ordenó a Toyota Argentina S.A. entregar una unidad cero kilómetro del mismo modelo y abonar una indemnización de 9.000.000 de pesos más intereses, como reparación por el incumplimiento contractual y la afectación al consumidor.
El comprador, quien adquirió el vehículo el 13 de julio de 2023 a través del concesionario oficial Ginza S.A., ubicado en la calle Cándido Carballo 632 de Rosario, contó con la representación del abogado Julian Dana y presentó la demanda bajo el amparo de la Ley de Defensa del Consumidor, exigiendo la reposición del automotor y la cobertura de todos los gastos derivados.
Con 15.150 km recorridos, el propietario denunció que al frenar el SW4 presentaba una vibración que se transmitía a toda la unidad, comprometiendo la estabilidad y generando una situación de riesgo evidente. Los servicios de mantenimiento fueron realizados exclusivamente en el taller oficial de Ginza S.A., sin que la falla fuese subsanada.
En su fallo, el juzgado destacó que la garantía legal obliga al fabricante a entregar un bien en perfecto estado de funcionamiento y que la vibración del sistema de frenado constituye un defecto de seguridad que vulnera la confianza del consumidor, por lo que se ordenó la entrega de un vehículo idéntico o, en su defecto, de iguales o superiores prestaciones, con los gastos de transferencia incluidos.
La sentencia también impuso a Toyota el pago de daños y perjuicios, daño punitivo y costas judiciales, estableciendo que la empresa deberá responder por los perjuicios materiales y morales ocasionados, y que los intereses se devengarán hasta el efectivo pago.
Este caso pone de relieve la creciente presión sobre la industria automotriz en Argentina para garantizar la calidad y seguridad de sus productos, y podría servir de precedente para futuras acciones legales contra fabricantes que no cumplan con los estándares de garantía y protección al consumidor.
De acuerdo con información difundida por: Poder Judicial
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