El juez federal Ariel Lijo ordenó este viernes, 16 de octubre de 2026, un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y varios colaboradores, por un presunto esquema de corrupción que habría generado sobreprecios de más de $7.833 millones en la compra de insumos ortopédicos.
El fallo, dictado en la sede del Juzgado Federal N.º 3 de la Capital, señala que Spagnuolo, junto a su segundo, Daniel Garbellini, y a los empresarios Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, participaron en una segunda etapa de la investigación que se centró en la adjudicación irregular de contratos de equipamiento médico entre 2022 y 2024.
Según el expediente, los proveedores seleccionados recibieron pagos con sobreprecios de entre el 25 % y el 40 % sobre los valores de mercado, lo que permitió a los investigados percibir sobornos en efectivo y en especie, entre ellos viajes al exterior y pagos a cuentas offshore.
La diferencia de precios detectada supera los $7.833 millones, cifra que la Fiscalía de Investigaciones Económicas (FIE) desglosó en ocho licitaciones distintas, todas vinculadas a la compra de férulas, sillas de ruedas y prótesis para centros de rehabilitación de la red pública.
Este procesamiento se inscribe en la continuidad de la causa ANDIS iniciada en 2024, cuando la justicia federal había señalado irregularidades en la primera fase del programa de equipamiento, pero había archivado provisionalmente a los funcionarios por falta de pruebas concluyentes.
La oposición política denunció el fallo como una muestra de la “impunidad estructural” que, según ellos, ha permeado a la gestión de recursos públicos destinados a la discapacidad, y exigió la remoción inmediata de los restantes directivos de la agencia.
Por su parte, la directora interina de ANDIS, Laura Mendoza, manifestó que la institución cooperará plenamente con la investigación y que se revisarán todos los contratos adjudicados entre 2022 y 2025 para evitar futuros desvíos.
El tribunal fijó la audiencia preliminar para el 12 de diciembre de 2026, fecha en la que se decidirá si procede la acusación formal y se establecerá la posible pena de prisión preventiva para los imputados.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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