Buenos Aires: el Gobierno nacional suspendió a casi 2 mil cooperativas y preocupa el impacto en el interior

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El Gobierno nacional anunció ayer la suspensión de casi 2 000 cooperativas en la provincia de Buenos Aires, una medida que ha generado alarma entre autoridades provinciales y empresarios del interior, quienes temen la pérdida de servicios esenciales y de miles de empleos.

El martes 22 de octubre de 2026, el Ministerio de Economía, a través de su titular, el economista Diego Gómez, emitió una resolución que ordena la suspensión administrativa de 1 950 cooperativas bonaerenses por presuntas irregularidades en sus balances y falta de cumplimiento de la normativa tributaria.

Según el informe oficial, las cooperativas suspendidas atienden a aproximadamente 1,2 millones de usuarios en sectores como energía eléctrica, agua potable, salud y telecomunicaciones, y emplean a 3 200 trabajadores directos, según datos de la Confederación de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires (COOPBA).

El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, sostuvo en una rueda de prensa el viernes 23 de octubre que la medida “pone en riesgo la estabilidad económica de cientos de localidades del interior”, y anunció la convocatoria de una reunión de emergencia con representantes del Ejecutivo nacional para buscar una solución.

María Luján, presidenta de COOPBA, denunció que la suspensión se realizó “sin previo aviso ni un proceso de auditoría transparente”, y advirtió que varias cooperativas podrían cerrar definitivamente si no se revocan las decisiones en los próximos 15 días.

El Consejo de la Judicatura Federal recibió, el mismo día, una petición de amparo presentada por la Asociación de Cooperativas del Gran Paraná, que solicita la suspensión de la resolución mientras se revisan los supuestos incumplimientos.

El economista de la Universidad de Buenos Aires, Martín Rossi, calculó que la interrupción de los servicios podría reducir el PIB provincial en al menos 0,3 % durante el trimestre, debido a la pérdida de producción y al aumento de costos para los consumidores.

El Ministerio de Economía comunicó que abrirá un procedimiento de revisión para cada caso, con un plazo máximo de 30 días para presentar recursos y pruebas de regularidad, y que las cooperativas podrán reanudar sus actividades una vez se certifique su cumplimiento.




De acuerdo con información difundida por: LETRA P

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