Hernán Cerutti, fiscal de menores de Lomas de Zamora, interpuso una apelación este lunes contra la medida de la jueza Marta Elba Pascual que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires, reavivando el debate sobre la justicia especializada para adolescentes. La decisión judicial, emitida el 12 de agosto, había generado protestas de organizaciones de derechos humanos y la preocupación de autoridades locales. La apelación busca reinstaurar el marco legal que, según el fiscal, protege a menores infractores y garantiza procesos adecuados.
El recurso presentado por Cerutti se dirige al Tribunal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata, que deberá pronunciarse antes del 30 de noviembre, fecha límite establecida por la normativa provincial. En su escrito, el fiscal argumenta que la suspensión vulnera el artículo 15 de la Ley 20.084, que regula la responsabilidad penal de los menores y establece garantías procesales específicas.
La jueza Pascual anuló el Régimen Penal Juvenil el 12 de agosto tras recibir una denuncia de la Asociación de Víctimas de Delitos contra Menores (AVDM), que alegaba que el sistema favorecía la impunidad y no garantizaba la reparación a las víctimas. En su fallo, la magistrada señaló que el modelo actual presentaba “serias deficiencias estructurales” y que la provincia debía “replantear urgentemente su política de justicia juvenil”.
Organizaciones como la Defensoría del Pueblo Juvenil y el Centro de Estudios en Derechos del Niño (CEDN) criticaron la suspensión, aduciendo que la medida podría aumentar la reincidencia y excluir a los adolescentes de un proceso rehabilitador. En una rueda de prensa el 20 de agosto, la presidenta de la Defensoría, Lucía Martínez, recordó que en 2022 el sistema había atendido a 12 450 menores, con una tasa de reinserción del 68 %.
Cerutti, en una entrevista concedida a la prensa de Lomas de Zamora, sostuvo que “el Régimen Penal Juvenil es la única herramienta que permite equilibrar la protección del menor con la exigencia de responsabilidad”. Añadió que la apelación incluye pruebas periciales que demuestran la efectividad del programa de reinserción social implementado en la zona sur del conurbano.
El Ministerio de Justicia de la Provincia, representado por la secretaria Gabriela Fernández, indicó que el gobierno provincial está dispuesto a “dialogar con todas las partes” y que, mientras se resuelve la apelación, se mantendrán los mecanismos de protección de menores bajo la normativa vigente. Fernández señaló que el 5 de septiembre se realizará una mesa de trabajo con jueces, fiscales y representantes de la sociedad civil para evaluar posibles reformas al marco penal juvenil.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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