La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron este lunes una demanda ante la Justicia federal para detener el proyecto petrolero “Sea Lion”, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte. La acción legal busca evitar una posible contaminación ambiental y reafirma la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
El expediente fue ingresado el 24 de junio de 2024 en el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, bajo el número de causa C‑2024‑01875. Los demandantes solicitaron una medida cautelar que suspenda de inmediato cualquier actividad de prospección o perforación en la zona, argumentando que el proyecto vulnera la Ley de Protección Ambiental (Ley 25.675) y las resoluciones de la ONU que reconocen la disputa soberana.
Rockhopper Exploration, con sede en Londres, y Navitas Petroleum, con capitales israelíes, anunciaron en febrero de 2023 la intención de invertir aproximadamente 350 millones de dólares en la exploración de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, una zona que, según la empresa, podría contener hasta 2 mil millones de barriles de petróleo equivalente.
Los abogados de AAdeAA, encabezados por la licenciada Mariana Gómez, señalaron que la zona alberga ecosistemas marinos de gran valor, incluyendo colonias de pingüinos de Magallanes y focas antárticas, cuya preservación está garantizada por la Convención de Ramsar y la normativa argentina de áreas protegidas.
El CECIM, integrado por veteranos de la Guerra de Malvinas, aportó testimonios que rememoran los sacrificios de 1982 y subrayan la importancia de proteger los recursos naturales del archipiélago como parte del legado patrio. “Permitir la extracción petrolera sería una traición a la memoria de nuestros caídos”, declaró el excombatiente José Luis Martínez en la audiencia preliminar.
Fundamentos de la demanda
En el escrito de la demanda, los demandantes citan la Resolución 31/2020 de la ONU, que insta a los Estados a evitar actividades que puedan agravar conflictos territoriales, y la Ley 27.064, que prohíbe la explotación de recursos en áreas bajo disputa internacional sin autorización del Congreso.
El tribunal dispondrá una audiencia oral para el 15 de julio de 2024, en la que se escucharán peritos en geología marina y representantes de ambas compañías. La decisión preliminar, que podría ordenar la paralización total del proyecto, se espera a finales de agosto.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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