El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) solicitó este lunes un informe detallado al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones para esclarecer las supuestas expulsiones de 30 000 personas catalogadas como “terroristas” por el presidente Javier Milei, una medida que ha generado controversia y reclamos de organismos de derechos humanos.
El pedido de informes, presentado el 23 de septiembre de 2026 en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, exige a las autoridades migratorias entregar los criterios legales aplicados, los listados de personas deportadas y los documentos que sustentan la calificación de “terrorista”. Ferraro argumentó que la medida vulnera la normativa internacional de refugio y los derechos constitucionales de los extranjeros.
Javier Milei anunció la expulsión masiva en una rueda de prensa celebrada el 20 de septiembre en el Palacio San Martín, declarando que “no toleraremos a los terroristas que intentan socavar la seguridad del país”. La cifra de 30 000 personas fue citada sin detallar nacionalidades ni antecedentes penales, lo que despertó dudas sobre la veracidad de los datos.
El Ministerio de Seguridad, a través de su portavoz, respondió que la operación se realizó bajo el marco de la Ley de Seguridad Interior (Ley 27.352) y la normativa migratoria vigente, pero que la información específica será entregada una vez concluida la auditoría interna, prevista para el 15 de octubre.
La Dirección Nacional de Migraciones informó que, desde el 1 de septiembre, se han registrado 12 874 salidas de extranjeros bajo la modalidad de “deportación preventiva”. Sin embargo, la autoridad no confirmó cuántos de esos casos fueron catalogados como “terroristas” y señaló que los procesos siguen en curso.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron comunicados advirtiendo que la falta de transparencia y la ausencia de garantías judiciales podrían constituir violaciones al derecho de asilo y al principio de non‑refoulement.
Repercusiones políticas y judiciales
El senador del Frente de Todos, Eduardo Córdoba, pidió al Poder Judicial que evalúe la constitucionalidad de la medida y solicitó al presidente Milei que suspenda cualquier expulsión hasta que se aclare la situación. Por su parte, la Cámara de Diputados anunció una sesión extraordinaria para debatir la posible creación de una comisión bicameral de seguimiento.
Mientras tanto, los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han recibido al menos tres recursos de amparo presentados por familiares de personas supuestamente deportadas, argumentando que la medida se ejecutó sin orden judicial y sin la debida notificación.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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