Un cardiólogo y un licenciado en enfermería de Rosario fueron formalmente imputados por presunto fraude al PAMI que involucró la facturación de más de 50 000 prestaciones inexistentes, generando un perjuicio cercano a los $700 millones. La investigación, liderada por la Unidad Fiscal Rosario y fiscales federales, reveló una supuesta red de cobros ficticios que afectó a miles de afiliados en todo el país.
La acusación, presentada el 2 de septiembre de 2026, señala que el médico cardiólogo identificado con las iniciales M.G.A. y el licenciado en enfermería M.A.P. declararon haber realizado 36 085 prestaciones entre octubre de 2023 y octubre de 2024, atendiendo a 4 982 afiliados del PAMI. Entre los servicios facturados figuraban ecocardiogramas, ergometrías y estudios Holter.
Por ese primer bloque de servicios el organismo pagó $579 943 598,88, según los registros del sistema de facturación del PAMI. La Fiscalía sostiene que la magnitud de los cobros supera con creces la capacidad operativa de los profesionales involucrados, lo que sugiere la existencia de facturas simuladas o de pacientes inexistentes.
En la segunda fase de la supuesta estafa, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, se reportaron 14 546 prácticas adicionales a nombre de 2 275 beneficiarios, por un valor cercano a $148 millones. Al detectar inconsistencias, el PAMI suspendió el pago de ese segundo bloque y activó los protocolos de auditoría interna.
Las declaraciones recabadas de afiliados de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que nunca fueron atendidos por los profesionales investigados. Muchos describieron la sorpresa al recibir facturas por servicios que desconocían, lo que motivó la denuncia colectiva ante la Oficina Federal de Investigación del PAMI.
Los fiscales federales María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, junto a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI‑PAMI), destacaron que la carga de trabajo requerida para ejecutar más de 50 000 estudios en el periodo señalado resulta materialmente imposible para dos profesionales, aun considerando la colaboración de personal de apoyo.
Con la imputación formal, M.G.A. y M.A.P. enfrentan cargos por fraude al Estado, estafa y falsedad documental, con penas que podrían superar los diez años de prisión y la devolución total del dinero percibido indebidamente. El caso ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de los sistemas de salud pública ante fraudes internos y la necesidad de reforzar los controles de facturación.
De acuerdo con información difundida por: Poder Judicial
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