El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado por el Gobierno de Javier Milei, introduce un régimen de sanciones más severo contra cualquier empresa o individuo que extraiga recursos naturales en territorio argentino sin la debida autorización, con especial foco en la zona de las Islas Malvinas.
En la sesión del Congreso de la Nación celebrada el 12 de septiembre de 2024, el presidente Milei anunció la iniciativa ante la comisión de Relaciones Exteriores, subrayando que la medida busca “garantizar la plena soberanía de la República” frente a intentos de explotación externa.
El texto propone multas que pueden alcanzar los 10 mil millones de pesos por cada infracción, además de la confiscación de equipos y la revocación inmediata de licencias. En casos graves, la ley contempla penas de prisión de hasta diez años para los responsables.
Según el borrador, la autoridad competente para fiscalizar será la nueva Dirección Nacional de Defensa de la Soberanía, dependiente del Ministerio de Defensa, que contará con un cuerpo de inspección especializado en geología y derecho internacional.
La propuesta surge después de que, en julio de 2024, la compañía británica Seachart Energy intentara iniciar una prospección sísmica cerca de la plataforma de la Bahía de San Carlos, lo que provocó protestas del Ministerio de Relaciones Exteriores y la denuncia del embajador argentino en Londres.
Organizaciones ambientales y de derechos humanos, como Greenpeace Argentina, advirtieron que el endurecimiento de las sanciones podría afectar también a proyectos legítimos de energías renovables, mientras que el sector petrolero argumentó que la ley “complica la inversión extranjera” necesaria para el desarrollo económico del país.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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