Los juzgados federales de San Francisco y Villa María seguirán sin magistrados hasta finales de 2024 y, según estimaciones, podrían permanecer vacantes hasta 2027, mientras la política nacional se prepara para la campaña electoral y el gobierno explora alternativas de canje judicial en Córdoba.
El tribunal federal de San Francisco, que cubre una zona de 12 departamentos, lleva sin juez titular desde la renuncia de la magistrada María López el 14 de febrero de 2024, y su sustituto interino, el abogado Carlos Pérez, solo puede ejercer funciones de urgencia. En Villa María, la vacante surgió tras el retiro forzoso del juez Roberto González el 30 enero, y la Corte Suprema aún no ha designado un reemplazo definitivo.
Según el Ministerio de Justicia, la falta de magistrados ha generado una acumulación de 3 400 expedientes pendientes en San Francisco y 2 150 en Villa María, lo que ha retrasado procesos de contratación pública y casos de derecho laboral en un 27 % respecto al promedio nacional.
Martín Llaryora, director del Programa de Gestión Judicial del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y la diputada Karina Milei, líder del bloque de la Alianza Federal en la Cámara de Diputados, anunciaron el 22 de agosto de 2024 una mesa de trabajo para estudiar un “plan de canje” que permitiría a jueces retirados reincorporarse bajo un esquema de honorarios reducidos, evitando la paralización de los tribunales.
El proyecto contempla la reactivación de 15 puestos judiciales en la región pampeana mediante la firma de convenios con colegios de abogados locales, con un presupuesto estimado de 45 millones de pesos para 2025, financiado parcialmente por fondos del Fondo de Garantía de la Justicia.
Sin embargo, críticos de la medida, como la asociación de jueces federales “Justicia en Defensa”, advierten que el canje podría vulnerar la independencia judicial y crear precedentes de politización de la carrera magistrada, especialmente de cara a las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2027.
En la Cámara de Diputados, Milei presentó una proposición de ley el 5 de septiembre de 2024 que busca regular los canjes judiciales a nivel nacional, estableciendo criterios de transparencia, plazos de publicación y la obligatoriedad de auditorías trimestrales por la Auditoría General de la Nación.
Mientras tanto, la comunidad jurídica de San Francisco y Villa María ha organizado una serie de foros públicos, el más reciente el 12 de septiembre en la Universidad Nacional de Córdoba, donde abogados y académicos debatieron la necesidad de acelerar los nombramientos y la viabilidad del canje propuesto.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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