Lisandro Catalán, candidato de La Libertad Avanza a la gobernación de Tucumán, anunció que impulsará una acción judicial contra la candidatura de Osvaldo Jaldo, mientras aguarda la oficialización de las listas electorales; la medida desmantela la hipótesis de un pacto de no agresión entre el libertario y el actual gobernador.
En una rueda de prensa celebrada el 28 de junio de 2024 en el Palacio San Martín, Catalán declaró que presentará una denuncia ante la Justicia electoral para impugnar la inscripción de Jaldo, a quien acusa de haber vulnerado la normativa de alianzas partidarias al pactar acuerdos informales con la dirigencia de la coalición gobernista.
El candidato libertario precisó que la acción judicial se interpondrá una vez que el Tribunal Electoral de Tucumán publique la lista definitiva de precandidatos, prevista para el 12 de julio, y subrayó que la medida no busca obstaculizar la competencia, sino garantizar la transparencia del proceso.
La decisión de Catalán llega después de que varios analistas políticos, entre ellos el investigador Federico Ledesma del Instituto de Estudios Tucumanos, señalaran la existencia de un “pacto tácito” entre Jaldo y el gobernador Juan Luis Manzur, basado en la supuesta coordinación de campañas y la distribución de recursos electorales.
Sin embargo, la oficialización de las listas el pasado 5 de julio reveló que Jaldo figura como precandidato independiente, sin afiliación directa a la coalición del gobernador, lo que, según Catalán, confirma la falta de fundamento del supuesto acuerdo y justifica la acción judicial.
El anuncio de Catalán ha generado reacciones encontradas en el ámbito provincial: mientras dirigentes de La Libertad Avanza celebran la medida como una defensa del libre mercado y la legalidad, sectores del Frente de Todos advierten que la judicialización podría retrasar la inscripción definitiva y afectar la agenda electoral prevista para el 11 de agosto, fecha de los comicios primarios.
En contraste, Osvaldo Jaldo, a través de su portavoz, sostuvo que su candidatura cumple con todos los requisitos legales y que la denuncia de Catalán constituye una estrategia política destinada a debilitar la competencia en un contexto electoral ya polarizado.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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