La Corte Suprema volvió a intimar al Ejecutivo nacional a cumplir la medida cautelar que ordenó la actualización salarial de los empleados universitarios y la recomposición de las becas, bajo la presión de sindicatos y estudiantes que reclaman la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo de la Corte, emitido el 14 de agosto de 2024, establece un plazo de diez días hábiles para que el Gobierno ajuste los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, cuyo último aumento se registró en 2020 y quedó rezagado frente a la inflación de más del 115 % acumulada en los últimos tres años.
El Ministerio de Educación, encabezado por la ministra Dr. Margarita Cabañas, presentó el 18 de agosto un plan provisional que contempla un aumento del 12 % en los sueldos, pero la Corte consideró que la medida es insuficiente y ordenó aplicar el índice de reajuste integral previsto en la Ley 27.234.
Paralelamente, la medida cautelar exige la recomposición inmediata de los programas de becas estudiantiles, que según datos del Ministerio del Interior y Transporte benefician a 320 000 estudiantes en todo el país, pero que han visto reducidos sus montos en un 22 % desde el último ajuste de 2022.
Los sindicatos universitarios, liderados por el Sindicato de Docentes Universitarios (SADU) bajo la presidencia de Carlos Ramírez, anunciaron una movilización nacional el 25 de agosto en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, exigiendo el cumplimiento de la orden judicial y la garantía de recursos presupuestarios.
En respuesta, la Oficina de Coordinación de Política Económica (OCPE) informó que el presupuesto destinado al financiamiento universitario para el ejercicio 2025 se incrementó en 4.200 millones de pesos, lo que permitiría cubrir los reajustes salariales y la ampliación de becas, siempre que el Poder Ejecutivo libere los fondos antes del 30 de septiembre.
Los estudiantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) presentaron una petición el 22 de agosto ante la Corte, solicitando la imposición de sanciones económicas al Gobierno en caso de incumplimiento, argumentando que la falta de recursos compromete la continuidad de la carrera de miles de jóvenes.
El presidente de la República, Alberto Fernández, declaró en una rueda de prensa el 24 de agosto que el Ejecutivo está “comprometido con la educación pública” y que “se están tomando las medidas necesarias para honrar la sentencia y garantizar la estabilidad del sistema universitario”.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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