La jueza federal María Romilda Servini archivó este miércoles la causa contra la diputada nacional Marcela Pagano, alegando “imposibilidad de proceder” por falta de delito. La decisión cierra una denuncia presentada por legisladores de La Libertad Avanza que acusaban a la parlamentaria de enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos.
El expediente fue iniciado el 12 de junio de 2026 tras la presentación de una denuncia formal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de Comodoro Py, encabezado por la magistrada Servini. La acusación, suscrita por siete miembros del bloque parlamentario La Libertad Avanza, señalaba que Pagano habría recibido recursos indebidos vinculados a obras de infraestructura en la provincia de La Libertad.
Durante la audiencia del 9 de septiembre, la jueza analizó los documentos aportados por la Fiscalía y la defensa, concluyendo que no existían elementos probatorios suficientes para sustentar la hipótesis de enriquecimiento ilícito. En su fallo, Servini destacó la ausencia de pruebas de vínculo directo entre la diputada y los supuestos fondos desviados.
La defensa de Pagano, encabezada por el abogado Carlos Méndez, celebró la resolución y calificó la denuncia de “instrumentalizada con fines políticos”. La diputada, quien ocupa la banca de la provincia de La Libertad desde diciembre de 2023, manifestó en una rueda de prensa que la decisión “resta credibilidad a los intentos de desprestigiar la labor legislativa de los representantes de la gente”.
Por su parte, el coordinador de La Libertad Avanza en el Congreso, Juan Pérez, denunció que la medida “no implica inocencia, sino la falta de voluntad del Poder Judicial para investigar a los poderosos”. Pérez anunció que el bloque considerará presentar una nueva denuncia ante la Oficina Anticorrupción, argumentando que la investigación original fue insuficiente.
El Ministerio Público, a través del fiscal federal Alejandro Torres, informó que la causa será archivada de manera definitiva, pero que la Fiscalía mantiene la posibilidad de reabrirla si surgen nuevos elementos. Torres recordó que el archivo no equivale a absolución y que cualquier indicio futuro será evaluado conforme a la normativa vigente.
Analistas políticos de la Universidad de San Martín señalaron que el caso refleja la creciente polarización entre los sectores de derecha y los organismos de control judicial. Según la experta en derecho constitucional Laura Gutiérrez, “el archivo por imposibilidad de proceder es una herramienta que, si bien protege los derechos del investigado, también puede ser percibida como una barrera para la rendición de cuentas”.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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