La Corte Suprema anuló la decisión de la Cámara Federal que había protegido la normativa de tierras, reactivando el artículo 154 del DNU 70/2023. Con esa medida, el máximo tribunal abre la posibilidad de vender parcelas agrícolas a inversores extranjeros sin un techo legal, una opción que había sido rechazada por la sociedad civil y el Congreso en 2023. El fallo, anunciado este lunes en la sede de la Corte en Buenos Aires, marca un punto de inflexión en la política de propiedad rural del país.
El 29 de junio de 2023 el presidente Javier Milei firmó el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras y estableció la libre extranjerización de cualquier hectárea agrícola, sin límite de porcentaje. La norma buscaba atraer capital extranjero para impulsar la producción, pero generó protestas masivas en la Plaza de Mayo y en la provincia de Buenos Aires, donde sindicatos agrarios y organizaciones sociales bloquearon la iniciativa.
En marzo de 2024 la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU, argumentando que vulneraba el principio de dominio nacional y la reserva de la propiedad para argentinos. La sentencia había sido respaldada por una mayoría de 8 a 2 magistrados, quienes señalaron la falta de control parlamentario como un grave desvío del proceso legislativo.
El lunes, la Sala de Casación Civil, presidida por la jueza Elena Highton de Nolasco, revocó la sentencia anterior citando un “error de interpretación jurídica” respecto al alcance de la cláusula de control de constitucionalidad. En su fallo, la Corte sostuvo que el DNU no contraviene la Constitución porque el artículo 75, inciso 22, permite la apertura de la propiedad a extranjeros bajo condiciones que el propio Poder Ejecutivo establezca.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, firmó la decisión en una sesión pública y subrayó que “el Estado tiene la facultad de regular la inversión extranjera sin que ello implique una vulneración de los derechos de los propietarios”. La sentencia también dejó sin efecto la medida cautelar que había impedido la venta de 1,2 millones de hectáreas en la provincia de Córdoba.
Reacciones inmediatas surgieron en el Congreso, donde la senadora Cristina Fernández de Kirchner calificó la resolución de “un golpe a la soberanía alimentaria”. Por su parte, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CNPA) celebró la decisión, anunciando que sus afiliados ya están evaluando ofertas de fondos de inversión de Estados Unidos y Europa.
Expertos en derecho agrario advierten que la ausencia de un límite claro podría desencadenar una concentración de tierras en manos de conglomerados internacionales, replicando patrones observados en países como Brasil y Uruguay. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INDEC) publicado en agosto de 2026 indica que el 30 % de la superficie agrícola está ya bajo control de empresas con capital extranjero, una cifra que podría duplicarse en la próxima década si se mantiene la actual política.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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